Hace treinta y cinco años, un seis de diciembre, tras cuatro décadas privados de libertad, los españoles de entonces aparcaron las diferencias y mirando hacia el futuro construyeron un espacio para la convivencia: la Constitución de 1978. Desde entonces se conmemora oficialmente ese día aunque sin otorgarle, como sería de desear, el rango de fiesta nacional. La celebración del 6 de diciembre es un acontecimiento que, con el paso del tiempo, puede parecer rutinario e incluso sin sentido. Para algunos no es más que un evento festivo más. Sin embargo, una fecha como la de hoy ha de servirnos a todos para recordar, y agradecer el enorme esfuerzo de varias generaciones de compatriotas nuestros que desde todos los ámbitos han sabido ser leales a la Constitución y a sus valores y principios.
El balance de estos últimos treinta y cinco años es altamente satisfactorio. Muchas de las deficiencias en el funcionamiento de las instituciones se deben, en mi opinión, más a los agentes políticos y a las disfuncionalidades de nuestra sociedad que al propio desarrollo constitucional. La mayoría de los desaciertos tienen su causa, más que en la Constitución, en su interpretación y aplicación a lo largo de estos años. En este período de tiempo, los españoles, en términos generales, hemos alcanzado las mayores cuotas de bienestar y progreso independientemente del lugar de residencia. En este sentido, nuestra Constitución es, sin lugar a dudas, y sobre todo comparándola con sus predecesoras, la Constitución del éxito. Porque ha conseguido que los españoles podamos vivir juntos, olvidando las heridas que nos han enfrentado durante siglos, progresar juntos y compartir solidaria y responsablemente las labores y problemas que la vida común nos presenta
Por supuesto hay muchas cosas que mejorar, pero, con todo, los españoles debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido desde 1978. En la coyuntura actual, extremadamente difícil, no sólo para la sociedad sino también para las instituciones, el proceso de elaboración y discusión del texto constitucional es un excelente recordatorio de que cuando trabajamos unidos en torno a unas metas compartidas somos capaces de superar grandes y graves dificultades. Vivimos un momento de crisis económica y social generalizada; una crisis que ha traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y enormes dificultades para sus familias. En este contexto, se están produciendo cambios sustanciales en el Estado del bienestar, que estas últimas décadas ha garantizado la cohesión social, la convivencia, la solidaridad y el florecimiento económico y colectivo de nuestro país. La Constitución, y ahora más que nunca, debe seguir siendo el referente máximo que contribuya a paliar los desequilibrios, el estímulo para dar respuestas contundentes y eficaces para impulsar soluciones diferentes a las que se están adoptando. El artículo primero de la Constitución exige de los poderes públicos que intervengan para corregir desigualdades y conseguir la igualdad real entre los hombres y mujeres, así como que defiendan los valores de libertad, justicia y pluralismo político; en suma, la dignidad de la persona como el fundamento del sistema.
La España de 2013, qué duda cabe, es muy distinta de la de 1978. Y por eso cabe preguntarnos sobre el grado de vigencia de la Constitución actual. La grave crisis económica que vive nuestro país, la alarmante desafección de la ciudadanía respecto de la clase política, el progresivo deterioro de las instituciones y el elevado coste del sostenimiento de nuestro modelo territorial, agravado por la deriva soberanista e independentista en Cataluña, hace necesario plantearnos si nuestra Carta Magna muestra cierto agotamiento e incluso algunas carencias que obligue a plantearse la necesidad de una modificación del texto constitucional. Las demandas de reforma existen y muchas de ellas tienen sólidos fundamentos. Algunas instituciones políticas acusan desde hace años notorios defectos que exigen, para su rectificación, cambios constitucionales. Hay casos muy sabidos, por ejemplo, ciertos aspectos de las autonomías, el régimen electoral, la reforma del Senado o el disfuncional modo de gobierno de los jueces.
Que la reforma sea necesaria no supone que ésta deba acometerse a toda velocidad, y más en el convulso e inestable clima político y social en que estamos inmersos, lo que sería incompatible con el rigor que exige su puesta en práctica. Una Constitución que en un contexto de creciente desafección política y de desprestigio de las instituciones no se plantee la reforma, corre el riesgo de perecer en medio de una crisis de confianza y de legitimación del sistema. La reforma no produce por sí misma efectos traumatúrgicos, pero puede servir para insuflar nueva savia al sistema democrático. La Constitución no es un manual que asegure el éxito de la acción política; se limita únicamente a marcar las reglas de juego y los límites dentro de los cuales debe desarrollarse aquella acción política. Pese a lo dicho, la apertura de un procedimiento de reforma constitucional sería un instrumento muy valioso para la regeneración democrática de la sociedad, la mejora del maltrecho Estado de bienestar y la superación de la crisis económica e institucional. La reforma podría servir, a su vez, para reavivar la confianza de la ciudadanía en el sistema, para actualizarlo y acercarlo a la realidad actual y, sobre todo, para que las nuevas generaciones, aquellos que no habían nacido en 1978, tengan ocasión de refrendar el pacto constitucional. Mientras esto no suceda como muchos deseamos, por encima de divergencias, controversias o dificultades, debemos seguir trabajando minuto a minuto, codo con codo, por nuestra Constitución. Merece la pena seguir defendiendo sus principios y valores. Merece la pena preservar y amparar su espíritu de concordia e integración: el que nos debe alentar a dialogar, a transigir, a ser solidarios para superar los problemas; a optar por el acuerdo y rechazar la confrontación; a impulsar reformas en vez de fracturas. Celebrar un año más el día de la Constitución debe servirnos a todos para revivir todo los que hemos sido capaces de construir unidos, desde la inseguridad de aquel lejano 1978. Pero también debe ser el momento, desde el más estricto respeto a la Constitución, para reflexionar serena y democráticamente sobre los cambios necesarios y el debate de los mismos abiertos en nuestro país.
