Zapatero, ex presidente del Gobierno y ex consejero de Estado, acaba de decir en el Foro del diario del Conde de Godó, que entiende que los actos políticos deberían quedar exentos de que les aplique el Código Penal. Que ese no debe ser el marco para resolver las controversias políticas. ¿O es que quiso decir otra cosa? ¿Entonces? La frase queda para la historia: Según se dice su convencimiento “se basa en principios morales, políticos y democráticos. Siempre pensó que la reacción del derecho penal que se produjo” contra los responsables del procés antes o después se tiene que revisar, y porque es partidario de la “mínima intervención del derecho penal en los conflictos políticos”. Desde que el propio Sánchez hizo suyo el lenguaje del independentismo el asunto cuajó. (aunque antes dijera que lo de Cataluña fuera un delito de “rebelión”, que los políticos presos debían cumplir sus penas y que un político no debe indultar a otro). Y eso de la judicialización del “procès” lo provocó los que aplicaron la Ley (aunque él apoyara el 155), y los que la incumplieron. Por eso, llegó a decir que el asunto de la declaración de la independencia y los actos de los CDR y el Tsunamic nunca debería haber salido del ámbito de la política. Pero hay más, el poliministro Bolaños llega a afirmar que la culpa de todo la tuvo el PP de Rajoy, a cuyo Gobierno le hicieron dos referendos y además se le fugó Puigdemont (¿pero no lo iba a traer Sánchez?). Pero la guinda la pune el actual ocupante de la Moncloa en Galicia, donde acaba de acusar a Rajoy de ser el causante del procès mismo por su impericia.
Vivimos tiempos de legislación creativa. Y Zapatero es el gran inspirador, el padre del Estado cambiante sobre la marcha que ejecuta Pedro Sánchez, quien con razón dice que es “su inspiración”. Por ejemplo, que es difícil encajar el indulto a unos sujetos que se alzaron contra la Constitución, se reforma el Código Penal, se elimina el delito que cometieron y se rebajan sus secuelas. ¿Hay problemas para encajar una Ley de Amnistía porque con la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente puede haber sorpresas con los plazos y el examen de determinados hechos incluidos en el paquete de la impunidad prometida, pues nada?: Bien sencillo, se reforma la LEC a la medida de todos los supuestos. Y así hasta el infinito. Ya veremos, aunque es mejor no dar ideas. Y otra perla de Zapatero: Que los jueces cumplan su deber, son para él “movimientos judiciales”.
Cuando desde la perspectiva necesaria se analice la historia de España le corresponderá a Zapatero ser el marco de referencia que crea el espacio nuevo que otros perfeccionan. ¿Recuerdan que cuando España estaba al borde del rescate (y pese a que Jordi Sevilla le enseñó economía en dos tardes) dijo que el país estaba en la “Champions League” de la economía, aunque tuvo que para salvar la quiebra del Estado que rebajar el cinco por ciento el sueldo de todos los funcionarios ¿Y cuándo dijo aquello de que “aceptaré el Estatut que mande el Parlament y lo aceptó” ¿Qué más daba que creara un poder judicial propio para Cataluña, reconocida como nación per se, que usurpaba competencias del Estado no cedidas o que dejaba fuera de aquella comunidad que pudiera actuar el defensor del pueblo? Ahora, Sánchez y Bolaños y Zapatero, le achacan la culpa “procès” también al Tribunal Constitucional. La amnistía es una reparación necesaria, la corrección de errores del Estado que persiguió a quienes no hicieron otra cosa que ejercer las libertades negadas (“Votar no es delito”., que dice Junqueras) y la legítima protesta acumulada contra el Constitucional y las sentencias contra los dirigentes del procès y todos los afectados injustamente perseguidos, ya sean 1.400 o 4.000, que eso no está claro.
En 2003, ante el riesgo de que Ibarretxe convocara un referéndum de independencia en el País Vasco, el Gobierno de Aznar, con la ley 20/2003 introdujo los art. 506 bis, 521 bis y 576 bis en el Código Penal. Este delito ya había estado establecido antes, incluso en la República. Cuando vino Zapatero suprimió los artículos citados, con lo cual esa conducta dejó de ser delito tal y como estaba tipificada. El partido de Pedro Sánchez pensaba entonces que a nadie se le ocurriría convocar un referéndum ilegal. Y así lo defendió el diputado Álvaro Cuesta, quien, hasta 2014, fue también Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía del PSOE. Pero lo más esperpéntico, es que Sánchez en 2019 cambió de opinión y anunció que volvería a introducir la sanción penal a la convocatoria de referendos ilegales en el Código Penal si era presidente. ¿Qué hubiera pasado en 2017 si hubiera estado vigente lo que Zapatero quitó y Sánchez prometió reponer?
Vivimos tiempos de legislación creativa. Y Zapatero es el gran inspirador, el padre del Estado cambiante sobre la marcha que ejecuta Pedro Sánchez, quien con razón dice que es “su inspiración”. Por ejemplo, que es difícil encajar el indulto a unos sujetos que se alzaron contra la Constitución, se reforma el Código Penal, se elimina el delito que cometieron y se rebajan sus secuelas. ¿Hay problemas para encajar una Ley de Amnistía porque con la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente puede haber sorpresas con los plazos y el examen de determinados hechos incluidos en el paquete de la impunidad prometida, pues nada?: Bien sencillo, se reforma la LEC a la medida de todos los supuestos. Y así hasta el infinito. Ya veremos, aunque es mejor no dar ideas. Y otra perla de Zapatero: Que los jueces cumplan su deber, son para él “movimientos judiciales”.
Cuando desde la perspectiva necesaria se analice la historia de España le corresponderá a Zapatero ser el marco de referencia que crea el espacio nuevo que otros perfeccionan. ¿Recuerdan que cuando España estaba al borde del rescate (y pese a que Jordi Sevilla le enseñó economía en dos tardes) dijo que el país estaba en la “Champions League” de la economía, aunque tuvo que para salvar la quiebra del Estado que rebajar el cinco por ciento el sueldo de todos los funcionarios ¿Y cuándo dijo aquello de que “aceptaré el Estatut que mande el Parlament y lo aceptó” ¿Qué más daba que creara un poder judicial propio para Cataluña, reconocida como nación per se, que usurpaba competencias del Estado no cedidas o que dejaba fuera de aquella comunidad que pudiera actuar el defensor del pueblo? Ahora, Sánchez y Bolaños y Zapatero, le achacan la culpa “procès” también al Tribunal Constitucional. La amnistía es una reparación necesaria, la corrección de errores del Estado que persiguió a quienes no hicieron otra cosa que ejercer las libertades negadas (“Votar no es delito”., que dice Junqueras) y la legítima protesta acumulada contra el Constitucional y las sentencias contra los dirigentes del procès y todos los afectados injustamente perseguidos, ya sean 1.400 o 4.000, que eso no está claro.
En 2003, ante el riesgo de que Ibarretxe convocara un referéndum de independencia en el País Vasco, el Gobierno de Aznar, con la ley 20/2003 introdujo los art. 506 bis, 521 bis y 576 bis en el Código Penal. Este delito ya había estado establecido antes, incluso en la República. Cuando vino Zapatero suprimió los artículos citados, con lo cual esa conducta dejó de ser delito tal y como estaba tipificada. El partido de Pedro Sánchez pensaba entonces que a nadie se le ocurriría convocar un referéndum ilegal. Y así lo defendió el diputado Álvaro Cuesta, quien, hasta 2014, fue también Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía del PSOE. Pero lo más esperpéntico, es que Sánchez en 2019 cambió de opinión y anunció que volvería a introducir la sanción penal a la convocatoria de referendos ilegales en el Código Penal si era presidente. ¿Qué hubiera pasado en 2017 si hubiera estado vigente lo que Zapatero quitó y Sánchez prometió reponer?
