No creo que en la historia de las inmundicias de la política haya habido un caso parecido a éste: Victoria total sobre el Estado, rendido por el mismo sujeto que debería defenderlo. Las cesiones del Sánchez dejan tocadas las funciones del Tribunal de Cuentas y la Justicia ordinaria, y como dicen Junts, se sobrepone al Código Penal vigente para el resto de los españoles. Algún día, el Sánchez tendrá que responder ante la historia. El mejor testimonio, la mejor prueba de su victoria es la propia declaración de Junts de que se han impuesto sobre el Código Penal, al tiempo que se omiten las advertencias que no conviene del informe preliminar de la Comisión Venecia sobre el fondo y la forma de la amnistía. En resumen, para conservarse en el poder al frente del Estado se pacta con quienes quieren destruirlo, como repetidamente manifiestan.
Junts está exultante. El presidente del Gobierno desampara a la Justicia Ordinaria y al propio Tribunal de Cuentas, al aceptar la imposición de retroceder a 2011 para anular los casos de malversación y uso indebido del dinero público en los preliminares del “procès”. Es la inmunidad total de todo tipo de infracciones y delitos, dejando de aplicar los efectos de las normas que siguen vigentes para el conjunto de la población. Y eso no ampara la Comisión Venecia que deja claro que la ley de amnistía tendría que ser una ley general y no un articulado personalizado e individualizado para cada afectado por el caso. Tampoco cabe que una ley de tal efecto, que divide a la sociedad española, se tramite y apruebe de modo precipitado, sin el adecuado estudio calmo y reflexivo sobre su naturaleza y efectos.
Pedro Sánchez acepta todas las exigencias de Junts para escapar a los estándares de la Justicia ordinaria, desarmando a los jueces que deberían aplicarla con precisa previsión caso por caso. La ley se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 en lugar de hacerlo a partir del 1 de enero de 2012, para meter dentro a los afectados por la intervención del Tribunal de Cuentas. Y como Junts pregona “incluye los delitos de terrorismo y de traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español”, como si referido código no los cumpliera. Ha sido un trabajo minucioso para prever los riesgos de que jueces pertinentes pusieran en riesgo las consecuencias de aplicarla a casos relacionados con el Tsunami y Volhov, y que por derivados de posible terrorismo y alta traición podrían afectar a Puigdemont y otros. ¿Y esto no es una ley a la medida de casos concretos, con nombres y apellidos, como dice que no admisible por la Comisión Venecia?
Junts escapa a la aplicación ordinaria de uno de los instrumentos legales fundamentales para un Estado, al tiempo que su Consejo de la República se reafirma en que su objetivo no es esa falsa reconciliación, sino avanzar hacia la independencia, liberados de las responsabilidades del anterior intento, pero, atención a esto, reafirmando que en el camino está la vía unilateral que, por su faltara algo, admite como senda posible el propio Parlamente, el tiempo que Aragonès, presidente de la Generalitat, señala que cumplido el primer objetivo hay que ir a por el siguiente, con la expresiva comparación de que tiene que ser posible, como lo fue la amnistía, que hace sólo unos meses era impensable.
Junts ha logrado dejar atados de manos para considerar si determinados actos del procès que involucran especialmente a Puigdemont podría ser imputado de terrorismo. Se circunscribe este tipo de delito a aquellos supuestos que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente. Junts ha aprovechado para mandar un mensaje a Esquerra, presumiendo de que por su estrategia y constancia han logrado para su interés una amnistía que no deje flecos a la Justicia ordinaria, de modo que ellos quedan exentos de que se les aplique el Código Penal. Victoria todos los frentes. Lo más abyecto de todo esto es que se diga que la amnistía será un instrumento para la reconciliación, cuando a cambio de siete votos para que Sánchez siga en la Moncloa no es otra cosa que la puesta a cero de las responsabilidades de quienes tienen el mismo objetivo de sus actos que las provocaron para volver a empezar el proceso. Y de paso, lograda la amnistía integral, Junts mansa un mensaje a los jueces: Si no la aplican debidamente cometerán un delito de prevaricación.Y para cerrar la burla., Bolaños dicen que han creado una Ley ejemplar que será un modelo para otros casos, todo un paradigma de la construcción jurídica.
Junts está exultante. El presidente del Gobierno desampara a la Justicia Ordinaria y al propio Tribunal de Cuentas, al aceptar la imposición de retroceder a 2011 para anular los casos de malversación y uso indebido del dinero público en los preliminares del “procès”. Es la inmunidad total de todo tipo de infracciones y delitos, dejando de aplicar los efectos de las normas que siguen vigentes para el conjunto de la población. Y eso no ampara la Comisión Venecia que deja claro que la ley de amnistía tendría que ser una ley general y no un articulado personalizado e individualizado para cada afectado por el caso. Tampoco cabe que una ley de tal efecto, que divide a la sociedad española, se tramite y apruebe de modo precipitado, sin el adecuado estudio calmo y reflexivo sobre su naturaleza y efectos.
Pedro Sánchez acepta todas las exigencias de Junts para escapar a los estándares de la Justicia ordinaria, desarmando a los jueces que deberían aplicarla con precisa previsión caso por caso. La ley se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 en lugar de hacerlo a partir del 1 de enero de 2012, para meter dentro a los afectados por la intervención del Tribunal de Cuentas. Y como Junts pregona “incluye los delitos de terrorismo y de traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español”, como si referido código no los cumpliera. Ha sido un trabajo minucioso para prever los riesgos de que jueces pertinentes pusieran en riesgo las consecuencias de aplicarla a casos relacionados con el Tsunami y Volhov, y que por derivados de posible terrorismo y alta traición podrían afectar a Puigdemont y otros. ¿Y esto no es una ley a la medida de casos concretos, con nombres y apellidos, como dice que no admisible por la Comisión Venecia?
Junts escapa a la aplicación ordinaria de uno de los instrumentos legales fundamentales para un Estado, al tiempo que su Consejo de la República se reafirma en que su objetivo no es esa falsa reconciliación, sino avanzar hacia la independencia, liberados de las responsabilidades del anterior intento, pero, atención a esto, reafirmando que en el camino está la vía unilateral que, por su faltara algo, admite como senda posible el propio Parlamente, el tiempo que Aragonès, presidente de la Generalitat, señala que cumplido el primer objetivo hay que ir a por el siguiente, con la expresiva comparación de que tiene que ser posible, como lo fue la amnistía, que hace sólo unos meses era impensable.
Junts ha logrado dejar atados de manos para considerar si determinados actos del procès que involucran especialmente a Puigdemont podría ser imputado de terrorismo. Se circunscribe este tipo de delito a aquellos supuestos que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente. Junts ha aprovechado para mandar un mensaje a Esquerra, presumiendo de que por su estrategia y constancia han logrado para su interés una amnistía que no deje flecos a la Justicia ordinaria, de modo que ellos quedan exentos de que se les aplique el Código Penal. Victoria todos los frentes. Lo más abyecto de todo esto es que se diga que la amnistía será un instrumento para la reconciliación, cuando a cambio de siete votos para que Sánchez siga en la Moncloa no es otra cosa que la puesta a cero de las responsabilidades de quienes tienen el mismo objetivo de sus actos que las provocaron para volver a empezar el proceso. Y de paso, lograda la amnistía integral, Junts mansa un mensaje a los jueces: Si no la aplican debidamente cometerán un delito de prevaricación.Y para cerrar la burla., Bolaños dicen que han creado una Ley ejemplar que será un modelo para otros casos, todo un paradigma de la construcción jurídica.
