Para entender si los que se manifiestan ante las sedes del PSOE en toda España contra la amnistía están en su derecho hay que volver sobre el texto de la proposición de Ley de la Amnistía y del propio texto del acuerdo del partido de Pedro Sánchez con ERC. Porque de ambos documentos, especialmente claro en el primero, se desprende que los manifestantes de los CDR y los del “Tsunamic Democrátic” contra la sentencia del “procès", ejercieron (violencia, aparte) un derecho democrático de manifestación y de libertad de expresión que, en la medida que produjeron consecuencias penales, deben ser conjuradas con una amnistía reparadora. ¿Asiste el mismo derecho ahora? Esperemos que Marlaska no considere especialmente agresivos sus gritos y banderas mostradas, antes de lanzar a la policía contra esas masas, de modo indiscriminado, con notable contundencia y gases lacrimógenos como nunca se viera. Pero se debe exigir a los propios manifestantes pacíficos que no permitan que se cuelen entre ellos elementos ultras, violentos, parecidos a los de los CDR y con apariencia semejante. Mas, tiene razón el Gobierno en cuanto a que el PP debe manifestar su repulsa por la deriva violenta de la manifestación en Madrid, sin que por eso se debe renunciar a la manifestación pacífica en todo momento.
Puigdemont aprieta las tuercas a Sánchez, animado sin duda, tras la visita al Papa, Aragonès nos participa que el Parlament va a estudiar la conveniencia de dotar a Cataluña de una ley del referéndum propia, se supone que, para convocarlo, o sea, empezar de nuevo. Y desde Bruselas, Junts pretende extender un fuero especial a todos los delitos cometidos en Cataluña o por catalanes estos últimos años para incluirlos en la amnistía, porque se debe a una persecución judicial dentro de lo que técnicamente se llama “lawfare, que es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales bajo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente político o inhabilitarlo. A eso se agarra Puigdemont por entender que, aunque sus acciones no estuvieran directamente relacionadas con el “procès” o fueran anteriores, deben ser amnistiada, porque los incursos en ellas (por lo visto las derivas del tres por ciento y los enjuagues de los Pujol, origen de su fortuna y otros casos de malversación) fueron perseguidos por ser catalanes o por su conexión, cercana o lejana con las reivindicaciones de libertad para Cataluña. Aunque disfrazado bajo el tapiz de “cuestiones técnicas”, lo que realmente se ha estado cociendo en Bruselas es la pretensión de Puigdemont de meter en el saco mucho más de lo ya que va colmado, como el caso Volhov, de las supuestas conexiones del independentismo con el Kremlin, que es una, en ciertos aspectos peregrina historia, pero que debe aclararse. Y en el colmo de los despropósitos, hasta el ex terrorista Boye, abogado de Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco, pretende que se le aplica también a él la amnistía, en un asunto derivado de las actividades de su cliente gallego.
Es evidente que lo que viene pasando en la calle es síntoma de la deriva hacia un indeseable enfrentamiento civil, pero ¿quién es el responsable? Y el asunto se complica más en ese sentido, en tanto unos juristas firman un manifiesto de apoyo a la amnistía y otros jueces, calificados de conservadores, como la mayoría presente del Consejo General del Poder Judicial lo hacen en contra y apuntan, a su entender, el riesgo de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España". Los que tratan de justificar la más extrema medida de gracia y olvido, invocan medidas semejantes de otros países de Europa, pero se cuidan de omitir que ninguno de esos casos se parece en nada al nuestro, y menos que esa excepcional medida sea contrapago exigido para permitir que quien debe concederla acceda a la presidencia del Gobierno. Los avaladores de los actos de Sánchez maquillan los datos, y consideran que el rebaje a Cataluña de 20 por ciento de su deuda al FLA no es nada escandaloso, pues de la misma rebaja se beneficiarán otras regiones menos endeudadas. De modo grosero omiten que elevada deuda catalana representa el 16, 7 por ciento del total, los 191.750 que adeudan las comunidades en su conjunto. Y esa deuda se debe en gran medida a una deficiente gestión, entre las que se incluye el elevado costo de sus embajadas. La deuda no se evapora. El Estado se financia con los impuestos, emitiendo deuda pública o endeudándose a su vez. En agosto la deuda pública era de 1.568.743 millones de euros, lo que representaba el 110,38% del PIB. Y eso lo vamos a tener que pagar los españoles de hoy y los que nos sigan. Pero Cataluña seguirá abriendo embajadas.
Puigdemont aprieta las tuercas a Sánchez, animado sin duda, tras la visita al Papa, Aragonès nos participa que el Parlament va a estudiar la conveniencia de dotar a Cataluña de una ley del referéndum propia, se supone que, para convocarlo, o sea, empezar de nuevo. Y desde Bruselas, Junts pretende extender un fuero especial a todos los delitos cometidos en Cataluña o por catalanes estos últimos años para incluirlos en la amnistía, porque se debe a una persecución judicial dentro de lo que técnicamente se llama “lawfare, que es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales bajo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente político o inhabilitarlo. A eso se agarra Puigdemont por entender que, aunque sus acciones no estuvieran directamente relacionadas con el “procès” o fueran anteriores, deben ser amnistiada, porque los incursos en ellas (por lo visto las derivas del tres por ciento y los enjuagues de los Pujol, origen de su fortuna y otros casos de malversación) fueron perseguidos por ser catalanes o por su conexión, cercana o lejana con las reivindicaciones de libertad para Cataluña. Aunque disfrazado bajo el tapiz de “cuestiones técnicas”, lo que realmente se ha estado cociendo en Bruselas es la pretensión de Puigdemont de meter en el saco mucho más de lo ya que va colmado, como el caso Volhov, de las supuestas conexiones del independentismo con el Kremlin, que es una, en ciertos aspectos peregrina historia, pero que debe aclararse. Y en el colmo de los despropósitos, hasta el ex terrorista Boye, abogado de Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco, pretende que se le aplica también a él la amnistía, en un asunto derivado de las actividades de su cliente gallego.
Es evidente que lo que viene pasando en la calle es síntoma de la deriva hacia un indeseable enfrentamiento civil, pero ¿quién es el responsable? Y el asunto se complica más en ese sentido, en tanto unos juristas firman un manifiesto de apoyo a la amnistía y otros jueces, calificados de conservadores, como la mayoría presente del Consejo General del Poder Judicial lo hacen en contra y apuntan, a su entender, el riesgo de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España". Los que tratan de justificar la más extrema medida de gracia y olvido, invocan medidas semejantes de otros países de Europa, pero se cuidan de omitir que ninguno de esos casos se parece en nada al nuestro, y menos que esa excepcional medida sea contrapago exigido para permitir que quien debe concederla acceda a la presidencia del Gobierno. Los avaladores de los actos de Sánchez maquillan los datos, y consideran que el rebaje a Cataluña de 20 por ciento de su deuda al FLA no es nada escandaloso, pues de la misma rebaja se beneficiarán otras regiones menos endeudadas. De modo grosero omiten que elevada deuda catalana representa el 16, 7 por ciento del total, los 191.750 que adeudan las comunidades en su conjunto. Y esa deuda se debe en gran medida a una deficiente gestión, entre las que se incluye el elevado costo de sus embajadas. La deuda no se evapora. El Estado se financia con los impuestos, emitiendo deuda pública o endeudándose a su vez. En agosto la deuda pública era de 1.568.743 millones de euros, lo que representaba el 110,38% del PIB. Y eso lo vamos a tener que pagar los españoles de hoy y los que nos sigan. Pero Cataluña seguirá abriendo embajadas.
