Al mismo tiempo que desembarcaba en el Boletín de las Cortes la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. presentada por el PSOE, se producen en España una serie de manifestaciones y acontecimientos que dan el perfil de la realidad en que se halla sumergido el país, más allá de sus consecuencias previsibles e imprevisibles. Aprovechando su viaje por Israel, Palestina y Egipto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que la inclusión de un mecanismo de verificación en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la "desconfianza" existente entre este partido y el PSOE, al tiempo que ha descartado que la ley de amnistía pueda tener consecuencias negativas para él, como tampoco las tuvieron los indultos. Pero lo que no ha dicho Sánchez cómo va a ayudar a quién ese mediador, cuáles serán sus capacidades y competencias y hasta qué grado el mismo y su Gobierno va a quedar comprometido con ejecutar los acuerdos a que se llegue (o le impongan, mediador mediante). Porque, aunque sea un convenio entre partidos, se supone que se hace para su aplicación y ese afecto no sólo a Cataluña, sino a toda España, aparte del hecho vergonzoso que este asunto se negocie en el extranjero. Pero hace tiempo que este hombre “de palabra y principios” tiene una especie de conciencias reversible y adaptable para “hacer de la necesidad virtud”. Y ahora el propio Zapatero viene a decir que lo del verificador es una idea estupenda.
Al mismo tiempo, pues, dos ministros del Gobierno de progreso, con enorme sinceridad, reconocían que lo de la amnistía no era cosa en la que nunca pensaran, sino que, contra lo que dice para justificarla en la exposición de motivos de su proyecto, no es otra cosa que un jarabe que tragar para que Sánchez sea presidente. Y eso es de agradecer. Dice el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente que "probablemente no hubieran adoptado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez”. Y en ese mismo alarde de sinceridad reconoce que es lógico que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto. pero que hay que analizar si tienen coherencia con el momento que se está viviendo· Sin esta medida, la investidura no es posible". Y por si no quedó claro, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha dicho, adobando la frase con un oportuno adverbio: "Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba la amnistía para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos". ¿Cómo que “seguramente”? ¿En qué programa electoral o documento del PSOE estaba eso, como sí que estaba claro en declaraciones y la propia postura en el Congreso del PSOE contrario a tal concesión? Pero lo más insólito de estas declaraciones, frente a la resulta reiteración de los independistas en cuanto perseverar en sus objetivos, es el manido recurso de que los indultos (y la reforma del Código Penal) “desinflaron el conflicto”.
Claro que hay otros elementos más expresivos, en cuanto a sus socios emplazan a Sánchez a cumplir lo que él mismo o sus edecanes acordaron, y a tal efecto ya se alistan en alianzas de fuerza para imponerle que este hombre de palabras cumpla lo que firmó o firmaron por él. Hasta los medios más favorables, comprensivos y justificadores de los actos de Sánchez, reconocen que sus consocios ni tiempo de dan de reinstalarse en la Moncloa, de nuevo. Lo que ahora se llama “socios periféricos” activan sus propios mecanismos para que Sánchez espabile. Y en ese sentido, juntos o por separado, el PNV, Bildu, Junts y ERC le dicen a Sánchez que colocado en la presidencia del Gobierno tiene que empezar a liquidar sus débitos. Y surgen alianzas estratégicas notables como la de dos partidos de derechas, Junts y el PNV, ahora en declarada concurrencia. En nombre de Bildu, Oskar Matute, acaba de terciar, anunciando que los de Sánchez, si quieren sus votos "los van a tener que sudar en cada decisión y en cada ley", porque ellos están, entre otras cosas, “para avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva del Estado español y, por tanto, el reconocimiento de Euskal Herria como nación". Más preciso técnicamente, Aragonès dice a todos que hay que aprovechar el momento, y dicta su propia hoja de ruta para el viaje que acabará en el referéndum, que por cierto tiene un partidario resuelto en el nuevo gobierno, nada menos que titular el de Cultura, Ernest Urtasun.
Al mismo tiempo, pues, dos ministros del Gobierno de progreso, con enorme sinceridad, reconocían que lo de la amnistía no era cosa en la que nunca pensaran, sino que, contra lo que dice para justificarla en la exposición de motivos de su proyecto, no es otra cosa que un jarabe que tragar para que Sánchez sea presidente. Y eso es de agradecer. Dice el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente que "probablemente no hubieran adoptado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez”. Y en ese mismo alarde de sinceridad reconoce que es lógico que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto. pero que hay que analizar si tienen coherencia con el momento que se está viviendo· Sin esta medida, la investidura no es posible". Y por si no quedó claro, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha dicho, adobando la frase con un oportuno adverbio: "Seguramente en nuestra hoja de ruta no estaba la amnistía para estos momentos, pero es que en la vida y en la política uno no elige los momentos". ¿Cómo que “seguramente”? ¿En qué programa electoral o documento del PSOE estaba eso, como sí que estaba claro en declaraciones y la propia postura en el Congreso del PSOE contrario a tal concesión? Pero lo más insólito de estas declaraciones, frente a la resulta reiteración de los independistas en cuanto perseverar en sus objetivos, es el manido recurso de que los indultos (y la reforma del Código Penal) “desinflaron el conflicto”.
Claro que hay otros elementos más expresivos, en cuanto a sus socios emplazan a Sánchez a cumplir lo que él mismo o sus edecanes acordaron, y a tal efecto ya se alistan en alianzas de fuerza para imponerle que este hombre de palabras cumpla lo que firmó o firmaron por él. Hasta los medios más favorables, comprensivos y justificadores de los actos de Sánchez, reconocen que sus consocios ni tiempo de dan de reinstalarse en la Moncloa, de nuevo. Lo que ahora se llama “socios periféricos” activan sus propios mecanismos para que Sánchez espabile. Y en ese sentido, juntos o por separado, el PNV, Bildu, Junts y ERC le dicen a Sánchez que colocado en la presidencia del Gobierno tiene que empezar a liquidar sus débitos. Y surgen alianzas estratégicas notables como la de dos partidos de derechas, Junts y el PNV, ahora en declarada concurrencia. En nombre de Bildu, Oskar Matute, acaba de terciar, anunciando que los de Sánchez, si quieren sus votos "los van a tener que sudar en cada decisión y en cada ley", porque ellos están, entre otras cosas, “para avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva del Estado español y, por tanto, el reconocimiento de Euskal Herria como nación". Más preciso técnicamente, Aragonès dice a todos que hay que aprovechar el momento, y dicta su propia hoja de ruta para el viaje que acabará en el referéndum, que por cierto tiene un partidario resuelto en el nuevo gobierno, nada menos que titular el de Cultura, Ernest Urtasun.
