Hay dos aspectos que sobresalen en la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Primero, que una gran parte del texto es una autojustificación de la ley misma, por encima de su razón final. Segundo, la reiteración con que pretende envolverse con la Constitución, precisamente para otorgar la impunidad quienes se alzaron contra ella y en cuyo recorrido, a los actores principales los acompañaron otros compañeros que por el camino fueron cometiendo toda serie de delitos comunes, ahora respaldados como ejercicio de legítimos derechos democráticos, pese a su vulgaridad penal. Porque saqueos, estragos, violencias, asaltos y bloqueos eran manifestaciones de sentimientos políticos contra la represión con que el Estado respondió a los actos y actores precedentes dentro de un conflicto meramente político, que desembocó en el intento de secesión. Claro que lo más sabroso, aparte de lo substancial, es el modo en que los dirigentes del PSOE adoban sus valoraciones y comentarios sobre el texto conocido. Illa tiene que explicar que, pese a su explícito compromiso, firmado, con Puigdemont, hay que echar el freno en el asunto del “Lawfare”, luego la reacción de la judicatura, fiscales, letrados de entidades públicas y otras corporaciones e instancias que pusieron el grito en el cielo ante el anuncio de que “comisiones parlamentarias” iban a revisar las actuaciones judiciales que el consocio de Sánchez apuntaba dentro de la persecución judicial al que fueron sometidas relevantes personalidades de cierta cercanía.
Como diría Chomsky, como frutos del cerebro, las palabras quieren decir lo que dicen, y los redactores de la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” han sabido manejarse con las palabras, con algunos descuidos, pues una Ley orgánica como esa debe contemplar el interés general de España, se supone desde la primera a la última regla. Es curioso que la exposición de motivos tarde en ir al centro del asunto, y se entretiene en explicarnos qué es una amnistía y a cubrir desde el primer momento, con el manto de la Constitución a quienes no sólo quisieron rasgarlo, sino que hasta la fecha perseveran en que a ellos no les cubre sus intenciones repetidas permanentes. Y por ello, a la hora de explicar el verdadero motivo del “alivio penal”, que suena mejor, no aparece rastro del verdadero, como todo el mundo sabe, que es el pago a Puigdemont y otros consocios para que, con sus votos, bien pagados, Sánchez pueda seguir en la Moncloa. Y en el colmo de la impudicia se dice que la amnistía es necesaria y que será buena para toda España.
Hay construcciones curiosas, como la que pretende demostrar que un Estado es más fuerte cuando perdona a quienes pretendieron volarlo y no han mostrado, al contrario, el menor signo de arrepentimiento, pero “la normalización institucional” es el perdón a los no arrepentidos que volverán al sitio donde estaban o, mejor dicho, nunca se movieron del mismo, pero ha sabido aprovechar la ocasión que se les brindaba para que el Estado se les rinda. Y hay resultados que son como las perlas de la corona: El Tribunal de Cuentas deberá renunciar al cobro de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat, las embajadas que siguen creciendo. El único perjudicado sería el ex presidente Artur Mas y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9-N cifrados en 4,9 millones de euros. Aunque algunos dicen, ya se verá, pues sería un injusto agravio comparativo. Cuando uno lee el argumentario de la ley y lo compara lo que, sobre el mismo asunto decía el propio Sánchez, sus consejeros, ministros y alto cargos del partido, se concluye lo fugaz que es el pensamiento e intercambiables los principios. Por otro lado, las primeras impresiones críticas sobre la ley que han empezado a circular ponen especial acento en que Europa no puede aceptar tan ligeramente la malversación de caudales públicos, o el intento de hacer una ley blindada que impida los recursos o la propia interpretación de los jueces que hayan de aplicarla. Aparte, la sociedad española se pregunta cómo se ha obrado el milagro de lo que no era Constitucional ni posible hace unas semanas, como decían lo que ahora la justifican de repente, y lo sustenta tan larga, prolija, detallada y exhaustiva justificación.
Como diría Chomsky, como frutos del cerebro, las palabras quieren decir lo que dicen, y los redactores de la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” han sabido manejarse con las palabras, con algunos descuidos, pues una Ley orgánica como esa debe contemplar el interés general de España, se supone desde la primera a la última regla. Es curioso que la exposición de motivos tarde en ir al centro del asunto, y se entretiene en explicarnos qué es una amnistía y a cubrir desde el primer momento, con el manto de la Constitución a quienes no sólo quisieron rasgarlo, sino que hasta la fecha perseveran en que a ellos no les cubre sus intenciones repetidas permanentes. Y por ello, a la hora de explicar el verdadero motivo del “alivio penal”, que suena mejor, no aparece rastro del verdadero, como todo el mundo sabe, que es el pago a Puigdemont y otros consocios para que, con sus votos, bien pagados, Sánchez pueda seguir en la Moncloa. Y en el colmo de la impudicia se dice que la amnistía es necesaria y que será buena para toda España.
Hay construcciones curiosas, como la que pretende demostrar que un Estado es más fuerte cuando perdona a quienes pretendieron volarlo y no han mostrado, al contrario, el menor signo de arrepentimiento, pero “la normalización institucional” es el perdón a los no arrepentidos que volverán al sitio donde estaban o, mejor dicho, nunca se movieron del mismo, pero ha sabido aprovechar la ocasión que se les brindaba para que el Estado se les rinda. Y hay resultados que son como las perlas de la corona: El Tribunal de Cuentas deberá renunciar al cobro de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat, las embajadas que siguen creciendo. El único perjudicado sería el ex presidente Artur Mas y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9-N cifrados en 4,9 millones de euros. Aunque algunos dicen, ya se verá, pues sería un injusto agravio comparativo. Cuando uno lee el argumentario de la ley y lo compara lo que, sobre el mismo asunto decía el propio Sánchez, sus consejeros, ministros y alto cargos del partido, se concluye lo fugaz que es el pensamiento e intercambiables los principios. Por otro lado, las primeras impresiones críticas sobre la ley que han empezado a circular ponen especial acento en que Europa no puede aceptar tan ligeramente la malversación de caudales públicos, o el intento de hacer una ley blindada que impida los recursos o la propia interpretación de los jueces que hayan de aplicarla. Aparte, la sociedad española se pregunta cómo se ha obrado el milagro de lo que no era Constitucional ni posible hace unas semanas, como decían lo que ahora la justifican de repente, y lo sustenta tan larga, prolija, detallada y exhaustiva justificación.
