Al margen y por encima de la propia controversia que en sí misma ha generado en la sociedad española la concesión de la amnistía al conjunto de los delitos ordinarios que se cometieron a lo largo del llamado “procès”, aparte del propio juicio a que se somete al aparato ordinario de la Justicia que aplicó la ley en vigor en todos los supuestos, al margen de las peregrinas explicaciones que Sánchez, su partido y su Gobierno vienen dando, apenas unos meses después de que afirmaran enfáticamente lo contrario, hay un aspecto de substantiva importancia, por cuanto el PSOE y por ende el Gobierno asume la imposición de los independentistas de que lo que se acuerde o pacte “entre los Gobiernos de España” y Cataluña sea observado, tutelado, y seguido por unos especiales comisionados, llamados verificadores, como si se tratara de una conferencia de paz entre dos Estados enfrentados. Pese al equívoco sentido de que es un pacto entre partidos, lo que se pacte o acuerde repercutirá sobre el conjunto del Estado mismo. Además, Puigdemont, que dirige el proceso y dice que ya tiene sus verificadores, impone que, como ya fue el apoyo para hacer a Sánchez presidente, se pacte en el extranjero. Digamos que, hasta estéticamente, es inaceptable que el Estado se ponga en almoneda hasta el extremo. Esa condición, la de que el proceso de negociación sea tutelado internacionalmente figura en lo dos acuerdos que el PSOE ha firmado con sus consocios Junts y ERC. Es el independentismo quien lleva la voz cantante, propondrá los verificadores que debe aceptar la otra (¡Sería el colmo que el propio Gobierno español proponga un árbitro que lo controle!). Así que nos esperan nuevas emociones. ¿Quiénes serán esos verificadores, con qué competencias, hasta qué punto el Gobierno español quedará sometido a cumplir lo que los citados controladores concluyan? ERC ya ha sugerido varios modelos para aplicar en España, referidos a otros procesos arbitrales o mismo referendos como Quebec, Irlanda, Montenegro, etcétera, y siempre bajo tutela internacional. Vale la pena pues observar cómo se han llevado a cabo arbitrajes como el que le imponen a Sánchez, en caso que obviamente nada se parecen a la cuestión de una controversia entre una parte de la sociedad de una comunidad autónoma de un Estado como es España. FERNANDO RAMOS El “Institute for Dispute Resolution”, de Pepperdine University, California, elaboró un “Manual de mediación, para ciertos casos, cuyos extremos son: Mantener el control del proceso, y utilizar para eso estrategias correctas. Registrar los precedentes de las negociaciones de cada caso. Aseverarse de que las partes se encuentren autorizadas firmar pactos. Comprobar la veracidad de las alegaciones de las por las partes en conflictos. Decidir un lugar o área en la que el consenso podría ser viable y comprobar los beneficios del consenso, referente a su certeza, inmediatez, economía, y control de su ejecución. ¿Vamos a ver algo parecido? Pero podemos remontarnos más allá, como guía, ver el modo en que en el seno de las Naciones Unidas se han resuelto otros conflictos, como desde siempre ha querido el independentismo, que busca la internacionalización del caso. En un interesante trabajo de Javier Olivares sobre la figura del “mediador internacional”, como parece que va a ser el que Sánchez acepte, la efectividad de esa figura se desprende de “la consumación de los objetivos perseguidos y a las soluciones alcanzadas por los actores involucrados”. ¿Y cuáles son los objetivos perseguidos en este caso, al aceptar esa figura, que no fuera que Sánchez tuviera que aceptar mediadores para poder prorrogar su mandato en la Moncloa? Claro que con total impudicia dicen ahora que lo firmado es un “Pacto de Estado” que conviene a todo el país. En el caso de otros mediadores, que han resuelto conflictos con “soluciones intermedias”. ¿Podría la dignidad de España aceptar tales apaños, que se enmascaran bajo el eufemismo de “soluciones audaces”? Eso puede haber servido en casos de guerras o graves conflictos, y otras no sirven para nada, como en la mediación de la ONU en el conflicto entre el Sahara y Marruecos, donde por cierto la postura del doctor Sánchez ha pegado por su cuenta un notable vuelco. Pero, como en el caso de El Salvador no es lo mismo poner fin a una guerra civil que el conflicto de una parte de Cataluña con el conjunto de España. Y en esa crónica de mediadores los ha habido hasta religiosos, como en Mozambique, por lo que mira por donde hasta le vendría bien a Puigdemont incluir a un purpurado de confianza en el combo verificador. En el caso de Irlanda del Norte, el mediador estadounidense de origen irlandés George Mitchell, respaldado por el presidente Bill Clinton, estableció tres principios muy simples para conducir el proceso y consolidar los avances: consenso suficiente, consentimiento paralelo y principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero en este caso, el independentismo ya tiene marcado el objetivo final, el punto de llegada, por lo que las negociaciones son sólo para abrirle el camino, que comienza con la amnistía para seguir adelante.
