Sin confirmación definitiva aún, lo probable es que Felipe VI inicie ya el lunes sus consultas para la nueva investidura, una vez fracasada, como era lo esperado, la de Alberto Núñez Feijoo. Se van a poner de manifiesto nuevamente las carencias de la Constitución en la regulación de un trámite que es mucho más que eso: se coloca al Rey en un aprieto, obligado a encargar que intente formar Gobierno a quien, como le ocurría a Feijoo y le sucede a Pedro Sánchez, diga lo que diga, no tiene aún garantizada una mayoría suficiente en el Parlamento como para ser investido.
De sobra conocido es que España carece de una legislación, comenzando por la Constitución, adecuada para defender al Estado. La deficiente redacción del artículo 99, que regula la consulta real con los representantes parlamentarios antes de proponer a alguien como candidato a la presidencia del Gobierno, complica bastante un paso de por sí ya difícil. El artículo no dice que el jefe del Estado tenga que oír a los representantes de todos los grupos, y aquí radica la primera anomalía política que nos persigue, agravada en esta ocasión: los grupos que determinarían el éxito del candidato, Pedro Sánchez en este caso, dan plantón al requerimiento de La Zarzuela para escucharles, porque no acatan el sometimiento a una forma del Estado monárquica. Nada menos que eso.
Así, el Rey no conoce de primera mano, y tendrá que confiar en lo que Sánchez le diga, lo que Junts, ERC, Bildu y quizá tampoco el BNG, tienen que decir sobre la configuración política futura de un país del que, por cierto, abominan y cuyo porvenir inmediato tienen, en teoría, en sus manos.
No conozco un ejemplo semejante de incoherencia política en toda Europa, y mira que hay realidades variopintas en el Viejo Continente. Claro que el Rey, que reclamaba esta semana "sosiego" en una intervención en La Toja que quería parecer optimista, es la víctima, y de ningún modo el causante, de esta situación. Lógicamente ha de disgustarle y preocuparle que sea Sánchez quien gestione las componendas presumiblemente inconstitucionales con el president de la Generalitat, con Junqueras y con el fugado en Waterloo que permitirían al inquilino (en funciones) de La Moncloa seguir siendo presidente del Gobierno central.
Máxime, y la simbología aquí es importante, cuando las consultas a los grupos casi coincidirán con el sexto aniversario de aquel discurso tremendo en el que Felipe VI acusó a los responsables políticos de la Generalitat -y entonces Puigdemont era el president_de "demostrar una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado", "quebrantando los principios democráticos de todo Estado de Derecho". Semanas después, Puigdemont huía a Bélgica en el maletero de un coche.
Se comprende que el monarca no sea muy feliz ante la perspectiva de sancionar una ley de amnistía que propicie el retorno a Cataluña, y seguramente su concurrencia a las elecciones como nuevamente candidato a president de la Generalitat, de aquel que hace seis años propició una declaración unilateral de independencia y un falso referéndum que trajeron no pocas desgracias. Claro, nunca sabremos lo que Felipe VI hablará con Sánchez en su encuentro de la semana próxima, pero no tengo la menor duda de que aflorará el tema de la amnistía, lo mismo que la exigencia de ERC-Junts de que se les asegure la celebración de una consulta de autodeterminación antes de dar su 'sí' a la investidura de Sánchez. Y esa es una 'línea roja' tópica que, en mi opinión, Sánchez no podrá traspasar ni disfrazar bajo denominaciones pintorescas, como está estudiando hacer con la amnistía, si desea evitar algo semejante a una catástrofe política de magnitudes incalculables.
Hay quien, desde la calle, le pide al Rey lo que este no puede hacer: una intervención directa. Y eso que, en pura teoría, la Constitución le facultaría hasta para proponer a un candidato que no haya siquiera adquirido la condición de parlamentario, una 'solución a la italiana' que, obviamente, el muy prudente monarca jamás adoptaría. En este período de consultas Felipe VI se enfrenta a su momento más difícil desde que, en 2014, accedió al trono. Y sí, hace bien en pedir 'sosiego', que era algo que su remoto antecesor Felipe II solicitaba a sus interlocutores, nerviosos por hallarse ante tan alto personaje: "sosegaos", les decía, aumentando probablemente su confusión.
Y de eso, confusión, tenemos ahora a raudales. Quién sabe lo que acabará ocurriendo; puede que incluso una marcha atrás, hacia el repudio de las exigencias derivadas del Parlament catalán y un avance hacia el constitucionalismo puro por parte de Sánchez, en evitación de males mayores. Parece, desgraciadamente, lo más improbable, aunque haya quienes apuesten crecientemente por un retorno a una nuevas elecciones. Lo que es seguro es que entramos, con el mes de octubre -cuyo último día conocerá la jura de la Constitución, ante unas Cortes hirviendo, de la princesa de Asturias, la heredera de la Corona-, en el período acaso más frenético de nuestros 46 años de democracia. Que Dios reparta suerte.
