Los nocivos efectos colaterales de la vigente Ley Estatal de Vivienda ya son totalmente contrastables. Según un reciente informe, los impagos en los alquileres volvieron a subir en 2023 en el conjunto de nuestro país. Y concretamente, han repuntado un 2,77% en la comparativa interanual en nuestra Comunidad Autónoma, Galicia. Lo cual se produce en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante la elevada inflación y unos elevados incrementos de los precios, lo que sumado a la brutal inseguridad jurídica reinante en la vivienda en alquiler, y la presunta impunidad derivada de la misma en el concepto de “vulnerabilidad de las personas”, está llevando a la vivienda en alquiler al límite, tanto en precios como en su menguante y reducida oferta.
Y si comprobamos los preocupantes datos de la okupación de viviendas en 2023, comprobamos como en Galicia el repunte es de un 31,8%, en los tres primeros trimestres del ejercicio anterior. Estas cifras nos sitúan así como la cuarta comunidad autónoma con más procedimientos ingresados judicialmente en la comparativa interanual. Esta tendencia también es producida, bajo mi criterio, por una duración media de los procedimientos judiciales por okupación ilegal de una propiedad en el conjunto del Estado de 20,5 meses en España, con las apelaciones incluidas, y una duración media de un procedimiento judicial por okupación ilegal de una propiedad en Galicia de 15 meses, un periodo de tiempo inadmisible. Esta tendencia al alza viene impulsada por varios factores, como el mal funcionamiento de la Administración de Justicia por falta de medios, o como ya he reflejado antes, por la Ley de Vivienda, normativa que entró en vigor en España el pasado mes de mayo y que ha traído un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil que provoca que el proceso para recuperar una vivienda todavía sea más complejo.
Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el del resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los presuntos okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general. Y mientras no se definan de manera nítida los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues la inseguridad jurídica seguirá siendo total.
Y si comprobamos los preocupantes datos de la okupación de viviendas en 2023, comprobamos como en Galicia el repunte es de un 31,8%, en los tres primeros trimestres del ejercicio anterior. Estas cifras nos sitúan así como la cuarta comunidad autónoma con más procedimientos ingresados judicialmente en la comparativa interanual. Esta tendencia también es producida, bajo mi criterio, por una duración media de los procedimientos judiciales por okupación ilegal de una propiedad en el conjunto del Estado de 20,5 meses en España, con las apelaciones incluidas, y una duración media de un procedimiento judicial por okupación ilegal de una propiedad en Galicia de 15 meses, un periodo de tiempo inadmisible. Esta tendencia al alza viene impulsada por varios factores, como el mal funcionamiento de la Administración de Justicia por falta de medios, o como ya he reflejado antes, por la Ley de Vivienda, normativa que entró en vigor en España el pasado mes de mayo y que ha traído un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil que provoca que el proceso para recuperar una vivienda todavía sea más complejo.
Es importante reseñar que la zona, barrio o urbanización donde está una propiedad okupada la convierte inmediatamente en insegura para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia. Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, sino también el del resto de propiedades de la zona, por lo que las entidades financieras (la mayoría de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria) harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los presuntos okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general. Y mientras no se definan de manera nítida los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, pues la inseguridad jurídica seguirá siendo total.
