La Comisión Europea da dos meses al Gobierno para que justifique las dos prórrogas concedidas que habrían vulnerado las normas de competencia
La Comisión Europea (CE) ha decidido incoar un segundo procedimiento de infracción enviando una nueva carta de emplazamiento adicional al Gobierno (INFR(2021)4052) por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9, respondiendo así a la denuncia presentada por la asociación de usuarios En Colectivo en julio de 2019. En su dictamen, la CE considera que España prorrogó a Audasa la duración de dos concesiones de autopistas -con los gobiernos de González y Aznar, hasta 2048- sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE. España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión y en caso de que no responda, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado.
Tal y como se apunta, el escrito enviado al gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
Diego Maraña, presidente de En Colectivo, valora muy positivamente la apertura de este procedimiento que viene a demostrar que conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho. Tal y como afirma, “se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos. Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión”. Desde la asociación se solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos podamos conocer el contenido del escrito remitido por la CE y la respuesta que se le vaya a dar.
Tras la denuncia realizada en 2019 por En Colectivo ante la Comisión se abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la UE por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9. En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho europeo, en particular de la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Las dos prórrogas equivalen a una nueva concesión
En la denuncia presentada por En Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048 respectivamente, incumplían diferentes directivas de la Unión Europea. Desde la asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de dichos Reales Decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
En su denuncia, En Colectivo argumentaba que las dos prórrogas de las que ha sido objeto la concesión infringen la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. En concreto, señalaba que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones. No haberlo hecho impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios. Estas prórrogas de Audasa afectan directamente al comercio de la Eurorregión al no haber ninguna alternativa.
