nnn El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley de reforma de la estiba portuaria -6.150 trabajadores, de ellos 110 en Vigo- con el fin de liberalizar el sector y que cumpla así con la normativa europea. Hay dos cambios sustanciales sobre la situación actual: las empresas estibadoras (en Vigo Termavi, Suardiaz o Pérez Marítima, entre otras) están obligadas a formar parte de la Sociedad de Estiba (Sagep) como accionistas. A su vez, la Sagep sólo puede contratar estibadores que pertenezcan a dicha sociedad. El nuevo modelo da libertad de empresas y no será necesario que las estibadoras participen en la Sagep y además las operadoras podrán contratar libremente con los trabajadores que cumplan los requisitos de capacitación.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.
La reforma contempla que o bien las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, firmas con carácter de ETT, o que las empresas que utilizan los puertos contraten directa y "libremente" a los estibadores que necesiten. El plazo de transición es de tres años.
El texto reconoce la capacitación como estibador a todos los trabajadores del ramo que acrediten cien jornadas de trabajo, a pesar de que no cuenten con la formación o titulación requerida. Además, el Gobierno garantiza su antigüedad.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recordó que el Gobierno está "obligado" a acometer la reforma para cumplir con un mandato de la UE y evitar la sanción, si bien estima que el cambio permitirá liberalizar la estiba, y que deje de ser así el "único sector económico del país en el que las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores". Ha llamado a patronal y sindicatos de estibadores que "intensifiquen en los próximos días" las negociaciones y evitar la huelga. Considera que en ese ámbito de la negociación es donde se pueden acordar aspectos relacionados con el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales que reclaman los trabajadores y que no tienen cabida en la ley porque no lo permite la Comisión Europea. El ministro reiteró que "ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores el texto del Real Decreto hasta el límite de lo que permite la UE" como un régimen transitorio de tres años o Centros Portuarios de Empleo.
AYUDA DE LOS PARTIDOS
El titular de Fomento apeló también a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios del Congreso para que "faciliten" la aprobación del Real Decreto Ley. Recordó que en el supuesto de que no lograra convalidarse en el Congreso, abocaría "a un bucle sin fin", además de la imposición de una multa por la UE de 21,5 millones y una sanción diaria de 134.000 euros por cada día.
