Los empresarios afirman que el aval del Constitucional a la Lei do Litoral garantizará su actividad durante décadas
El aval unánime del Tribunal Constitucional a prácticamente la totalidad de la Lei do Litoral de Galicia fue recibido con alivio por la cadena mar-industria y los empresarios de Vigo y provincia, que afirman que esta legislación permitirá asegurar inversiones millonarias en la Ría y la continuidad de su actividad durante las próximas décadas.
Desde Anfaco-Cecopesca, la patronal española de productos elaborados de pescado y marisco con sede en Vigo, confían en que esta decisión suponga “un punto final” a la inseguridad jurídica que rodeaba a toda la cadena mar-industria. Su secretario general, Roberto Alonso, reivindica que para poder mantener su actividad de forma sostenible, estas empresas necesitan mantener su vinculación con el mar, algo que impedía la estricta interpretación de la Ley de Costas por parte del Gobierno de cara a conceder autorizaciones de ocupación y utilización del dominio público marítimo-terrestre en el que se ubican viveros, conserveras o plantas de transformación de productos del mar.
“Ha sido una decisión acertada, queremos que las empresas de la cadena mar-industria puedan seguir llevando a cabo su actividad como hacen desde hace más de 100 años”, asegura Alonso.
Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, señala que había muchas concesiones en riesgo de no ser relevadas, órdenes de derribo de edificaciones y una situación de inseguridad jurídica que “retraía los proyectos de inversión”. Touza considera que la resolución del Tribunal Constitucional supuso “un gran día para Galicia, donde se asientan más de la mitad de las instalaciones de la cadena mar-industria”.
El presidente de ARVI señala que con la Lei do Litoral de Galicia se acabará con esta inseguridad jurídica, lo que permitirá acometer inversiones millonarias “para mejorar las instalaciones, la automatización de procesos, ampliaciones, o acometer nuevos proyectos”. Touza relata que muchas de las empresas pesqueras socias de ARVI llevaron a cabo una integración vertical, con armadoras que también impulsaron instalaciones de acuicultura, plantas de elaboración o de conserva, por lo que considera que se trata de “una defensa del sector en el sentido más amplio”.
La Confederación de Empresarios de la provincia (CEP) también celebró la decisión del Tribunal Constitucional y calificó de “aliviante y satisfactorio” que las empresas del litoral no tengan que retirarse, al necesitar del agua del mar para continuar con su actividad y “son esenciales para la industria marítima autonómica y el bienestar del tejido económico de la provincia y de la comunidad gallega”.
La Xunta solicita ya el traspaso de medios para gestionar la costa
Esta sentencia no implica que Galicia pueda empezar a gestionar de forma inmediata el litoral, para ello es necesario que el Estado acepte la ley, acceda a transferir las competencias, medios, y apruebe un real decreto de conformidad con el traspaso.
Sin embargo, la Xunta ya anunció ayer que solicitará de manera inmediata al Gobierno el traspaso de los medios materiales y personales para gestionar su costa. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondió una pregunta en el pleno del Parlamento de Galicia sobre este asunto, destacando que el Alto Tribunal certifica que la norma gallega es constitucional. Además, señaló que confirma lo que siempre defendió la comunidad, que no es necesario reformar el Estatuto de Autonomía para que Galicia pueda ejercer plenamente sus legítimas competencias sobre el litoral.
"Una pena que se haya tenido que llegar a este extremo y que quede tan manifiesta esa diferencia de trato con otras comunidades", aseguró la conselleira.
800 edificaciones en el área de Vigo se beneficiarán y no serán derribadas
La decisión de mantener en pie la Lei do Litoral de Galicia afectará directamente a alrededor de 800 edificaciones de todo tipo en la Ría de Vigo, que se beneficiarán de esta legislación, ya que ahora evitarán el riesgo de tener que ser derribadas.
Según la Consellería do Mar, la interpretación de la Ley de Costas del Gobierno ponía en riesgo unas 800 edificaciones solo en los municipios de la Ría de Vigo, un total de 1.700 en la provincia y 4.000 a lo largo de la costa de toda Galicia.
Según los registros del Gobierno autonómico sobre los inmuebles ubicados en el área, alrededor de 320 de estas edificaciones se encuentran en el límite municipal de Vigo, seguido de Moaña con más de 150, Redondela y Cangas con alrededor de 100 cada una, Vilaboa y Nigrán con unas 40 cada una, Baiona con 30 y Soutomaior con cerca de una decena.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Consellería do Mar, unas 50 edificaciones amenazadas en la Ría de Vigo se corresponderían con inmuebles industriales, además de otras 115 empresas de diversos sectores que tienen sus sedes construidas en el litoral vigués.
Solo hay dos aspectos de la ley que la sentencia considera inconstitucionales: la "posibilidad" de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre y el "trato privilegiado" de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones.
