El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales creado en 2016 para garantizar su actualización tras detectar casos de delitos de índole sexual con fecha posterior a la petición del certificado. ONG, empresas, instituciones o colegios profesionales que trabajen con menores podrán, a partir de ahora, solicitarlo directamente con consentimiento del trabajador.
El registro pasará a llamarse a partir de ahora Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para incluir en él todas las personas condenadas por trata de seres humanos con independencia de la edad de la víctima. Asimismo, los menores que estén edad de trabajar -a partir de 16 años- podrán solicitar directamente el justificante que acredita que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales, algo que hasta ahora solo podían efectuar sus padres o tutores.
El objetivo de esta reforma es tener “un control efectivo y periódico de los antecedentes por delitos sexuales o de trata”.
Registros unificados
La cuarta modificación aprobada por el Consejo de ministros hace alusión al régimen de certificación entre diferentes países de la Unión Europea para lo que se interconectará el registro de antecedentes penales europeo con el español, de tal manera que en un único acto se realiza tanto el trámite en España como en el país europeo que corresponda. Así, “un trámite que antes podía durar semanas o meses, ahora en minutos se obtiene un certificado simultáneo del país de origen y de España”, argumentó el ministro.
Finalmente se procede a la equiparación del régimen de cancelación de antecedentes penales de cualquier condena fuera de España, con la finalidad de equipararlo al español. “Había países que tienen una normativa diferente y la cancelación de antecedentes penales o se producía con mucha tardanza o no se producía nunca”, reconoció Bolaños. El objetivo, con la reforma, es “adaptar todo al régimen español también en los plazos para cancelar antecedentes penales”, añadió.
La indemnización a víctimas de abuso abre un frente con la Iglesia
El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, hayan prescrito o no aportasen pruebas suficientes. Se trata de una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, a propuesta del Congreso de los Diputados.
En primera instancia el Gobierno planea un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares, reparación simbólica que “por sí misma no basta”, aclaran. Así, indicó que, con ese fin, se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no tuvieran oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas. “Adoptaremos medidas para por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban”, aseguró. Bolaños también expuso que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.
Respecto al segundo eje, tiene previsto generar “entornos seguros” con salas “amigables” para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, explicó que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.
En cuanto al tercer eje, explicó que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y que modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa en España “para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos”.
Igualmente, aseguró que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección. Fue la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Bolaños indicó que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como actuaron otros países como Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos. “Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron”.
"Juicio condenatorio"
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró que la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, sobre las medidas propuestas por el Gobierno.
En este sentido, la CEE indicó que el texto presentado parte de un juicio “condenatorio” de toda la Iglesia, “realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
A su juicio, señaló que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente “una parte del problema”. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones” y que “cuestiona el principio de igualdad y de universalidad”.
