La situación del polígono A Chan de Amoedo, en Pazos de Borbén, es insostenible. Tras la negativa en el mes de febrero por parte del PP y PSOE para llevar a cabo la modificación urbanística puntual del terreno, la Asociación de Empresarios de Pazos de Borbén-Monte Galleiro solicita en una instancia al Ayuntamiento que se declare la nulidad de las licencias y el cierre de actividad. Además, reclaman al mismo las indemnizaciones oportunas por daños y prejuicios que, según el peritaje provisional, podría alcanzar los 98.351.076,30 euros, lo equivalente a casi 55 años de presupuestos municipales, sin incluir el coste de la restauración del espacio para devolverlo al estado previo a la construcción del polígono.
El problema surge, según explicó el presidente de la Comunidad de Montes de Amoedo, Miguel Míguez, cuando los terrenos en los que se ubicaba el polígono y que "fue recuperado definitivamente en el año 2019 por la Comunidad de Montes de Amoedo, propietaria legítima de los terrenos, según se estableció mediante sentencia judicial en el 2015. "
En ese momento, tal y como explica la misma fuente, el Ayuntamiento de Pazos de Borbén inció los trámites para realizar una modificación puntual por expropiación del Plan Parcial regulador del suelo industrial, con la que pretendían expropiar los terrenos y recuperar la titularidad del polígono, pero esta iniciativa fue rechazada por la Diputación de Pontevedra y por la Xunta. “Al no prosperar la iniciativa de recuperación del polígono, el Ayuntamiento de Pazos de Borbén, que en aquel momento estaba gobernado por el Partido Popular de Andrés Iglesias, inició otra modificación puntual por compensación, con la que pretendía acreditar una serie de gastos superfluos derivados de la creación del polígono, para así reclamarle a la Comunidad de Montes de Amoedo esas cantidades y provocar el colapso económico de la misma”, aclaró Míguez.
A día de hoy, la Asociación de Empresarios de la que forman los empresarios del Polígono de Amoedo, iniciaron el procedimiento en el que solicitan la anulación de todas las licencias vigentes irregulares, teniendo que asumir el Ayuntamiento de Pazos de Borbén los gastos de indemnización económica a las empresas, ya que “los responsables en otorgar las licencias fueron los miembros del gobierno de Andrés Iglesias”, por lo que no se descarta “que tengan que sentarse en el banquillo y ser juzgados por ello”. La cuantía a abonar por el Ayuntamiento superaría los 98.000.000 euros, sin incluir los gastos de derribo del polígono. “Esto supondría la ruina absoluta para un municipio con apenas 3.000 habitantes y la sentencia de muerte a cualquier opción de desarrollo y prosperidad para Pazos de Borbén”, sentencian los empresarios afectados.
