El Gobierno cree que quieren alterar la voluntad del pleno
n n n Después de que la corporación de A Guarda diera la aprobación inicial a los presupuestos de 2017, con los votos en contra del PP y BNG, y con la intención de poner obstáculos a la aprobación definitiva de los presupuestos, el PP presentó por registro recusación de los votos de tres concejales del equipo de gobierno por pertenecer a asociaciones. "Los concejales del PP pretenden alterar la voluntad democrática del pleno del ayuntamiento de A Guarda al solicitar la anulación de los votos de los concejales, que tienen el derecho y el deber de votar en los asuntos municipales que van a pleno, dado que para eso fueron elegidos, por sufragio directo, por los vecinos de A Guarda", explica el Gobierno.
Aunque hay otros concejales en las condiciones que el PP alega para pedir la anulación del voto, las iras de los populares van dirigidas al gobierno municipal: a Elena Baz, concejala de Cultura, por su pertenencia a Xamaraina; a Paulino Rodríguez, concejal de Servicios, por su vinculación con la asociación de vecinos O Percamino de A Gándara y contra Montse Magallanes, concejala de Hacienda, por tener responsabilidades en la asociación de Mulleres Progresistas.
Tradicionalmente, a la hora de elaborar las listas para las elecciones municipales, sobre todo en las localidades pequeñas como A Guarda, los partidos políticos buscan algunos de sus candidatos entre activistas sociales, explica el equipo de gobierno del ayuntamiento de A Guarda. Visto el informe del secretario del ayuntamiento de A Guarda, el alcalde no admitió las recusacións manteniéndose así el derecho a votar de los concejales cuestionados lo que significa un triunfo para la democracia.
Por su parte la portavoz del Partido Popular, Conchi Ortega, dice que “el informe de Secretaría nos da la razón en cuanto a que se no puede pagar una subvención a una persona jurídica mientras su representación legal (presidente) sea concejal”, y añade que lo que “pretendemos es que lo solucionen” y se pueda pagar legalmente, sin que intervención sin que existan, por parte de los técnicos, reparos pues estas subvenciones reiteradas “pueden tener efectos para el alcalde por levantarlo, eso ya es su problema, pero nos preocupa el efecto sobre las asociaciones”.
Por otra parte, Conchi Ortega asegura hacerse eco de “quejas sobre la forma en que se reparten las subvenciones, no hay baremos, no hay ordenanza y se producen injusticias entre asociaciones, que indignan algunas de ellas según nos hacen llegar”. n
