Vivimos resignados a ser miembros de un sistema que obliga a los ciudadanos a pagar impuestos. Estos impuestos se pagan coercitivamente, es decir, por la fuerza de quien ostenta una posición de poder para ejercer la opresión y la capacidad sancionadora a quien se niegue a hacerlo. Esto es exactamente así, pero no pretendo abrir un melón sobre filosofía política; asumamos que vivimos bajo el marco de un ordenamiento en el que hay que cumplir rigurosamente con las obligaciones tributarias (aunque no nacidas del consentimiento del pagador) para regar el gasto público presupuestario. Pero esto no quiere decir que los obligados tributarios no puedan buscar los cauces que la legislación tributaria dispone con el objetivo de que su carga tributaria pueda minorarse. ¿Resulta insolidario no deducir la base imponible del IRPF por haber realizado aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad? ¿Sería incivilizado obviar la deducción por maternidad por hijos menores de años o por mayores dependientes a cargo, o que un matrimonio opte por la declaración conjunta en el caso de que la base imponible resulte menor que la suma de las individuales? ¿Acaso es “terrorismo tributario” que las empresas reduzcan su factura fiscal al acogerse a las bonificaciones y deducciones que la Ley del Impuesto de Sociedades contempla?
Es obligada la adaptación estricta y forzosa a la legislación tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales que son unilateralmente impuestas. Ante la imposibilidad de ejercer una resistencia legítima ante lo que algunos consideramos un abuso de poder es, a mi juicio, un deber y un derecho cívico conocer y aplicar, incluso hasta el límite, el escasísimo margen de maniobra que el marco normativo proporciona para minorar la sustracción de la renta que ha sido obtenida de manera legal y pacífica por empresas y particulares.
Sin embrago, el pseudopuritanismo político ha elevado tanto el listón en lo que al historial de los políticos se refiere, que cualquiera que haya tenido una sociedad para gestionar su patrimonio o reducir legítimamente su factura fiscal está condenado al fulminante escarnio y condena pública que los inhabilita para cualquier cargo público.
Hay dos cuestiones bien distintas que se están mezclando malintencionadamente. Una cosa es crear una sociedad para ahorrar carga impositiva y otra, crearla para evadir impuestos. Para cualquier contribuyente agarrarse a cualquier mecanismo fiscal que permita proteger su patrimonio frente a la voracidad del Estado es totalmente lícito y ético. Otra cosa en la que ya no entro es si resulta coherente o estético con los postulados ideológicos de cada cual.
