A igual trabajo, igual salario. Esa es una de las condiciones básicas de cualquier negociación sobre las retribuciones. Que haya habido que esperar a que el Gobierno, en el año 2020 legisle sobre un principio tan básico que afecta a las mujeres es una anomalía que todavía tardará seis meses en resolverse definitivamente, si los empresarios no se buscan algún subterfugio para mantener esa discriminación basada no en el mérito en el desempeño de su función sino en una atávica concepción de las capacidades de las mujeres. También se acabará el secretismo sobre los sueldos de los compañeros de trabajo, un arma disuasoria de las empresas para dividir y vencer y que permitirá conocer cuanto porcentaje están algunos por encima de la media de la categoría. Todo el mundo podrá comprobar si quien gana más lo hace porque es listo y eficaz o por su capacidad de peloteo. Lo mismo vale para los ejecutivos de las empresas algunos con sueldos escandalosos en relación al conjunto de los trabajadores. Pero lo importante de las normas del Gobierno es que dan solución al problema más acuciante y más sangrante, que las mujeres dejen de ser consideradas empleadas de segunda.
