Normalmente se cree que un mercado negro aparece cuando el estado prohíbe algo. Y no es verdad. Los mercados negros aparecen cuando el estado interviene algo. A mayor grado de intervención, mayor mercado sumergido. Cuando algo está prohibido, el mercado negro es total (véase la droga en la actualidad o el alcohol en la época de la Ley Seca) pero cuando algo está intervenido el mercado negro también existe (véanse las personas que trabajan sin contrato y sin seguridad social, las que no pagan el IVA de los bienes y servicios que adquieren o los trabajadores por cuenta propia que declaran únicamente una parte de sus ingresos reales).
La intervención estatal crea siempre una distorsión en la economía. Cuanto mayor sea la intervención, mayor será la distorsión. Es obvio que algún grado de intervención será necesario puesto que el estado necesita recaudar para ofrecer determinados servicios públicos, pero no es menos cierto que los estados son incapaces de contenerse a sí mismos. Son como niños a los que das una bolsa de caramelos y, cuando se la han comido del tirón, milagrosamente se la vuelves a rellenar. La perversión del sistema es que son ellos mismos, los políticos, los que se llenan la bolsa continuamente a base de exprimir a los ciudadanos mediante impuestos.
El político posee una querencia natural al intervencionismo. Primero porque realmente cree que funciona (no funciona) y, segundo, porque tiene que demostrar ante la sociedad que está haciendo algo para resolver el malestar de ciertos colectivos por algún hecho en particular. Bien sea el mercado laboral, la política fiscal, la educación de nuestros hijos o los precios de las mascarillas, nada se salva. Con el tema de las mascarillas, por cierto, espero que no se salve ninguno.
Estamos viviendo el enésimo ejemplo de ese intervencionismo desaforado al querer limitar los precios de los alquileres. El pretexto es el populista argumento de que los precios son demasiado elevados y las personas -especialmente los jóvenes- no tienen acceso a una vivienda digna. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de que la oferta de vivienda en España sea menor a la demanda? ¿Quién hace los planes de urbanismo? ¿Quién tiene “secuestrada” la mayor parte del suelo de España impidiendo que usted pueda hacerse una casa en una finca de su propiedad? ¿Quién grava la compraventa de vivienda y se lucra con ella? ¿Quién hace las leyes que protegen a los delincuentes que ocupan las viviendas? ¿Quién hace las leyes que protegen a los que no pagan los alquileres? Siempre es el mismo, el estado.
Regular el precio de algo nunca soluciona el problema. Como mínimo, lo agrava porque reduce todavía más la oferta. Si alguien fija por ley el precio al que yo tengo que alquilar una vivienda de mi propiedad, puedo decidir no alquilarla porque ese precio no me compensa el riesgo. Esa vivienda quedaría vacía, saliendo del mercado de alquileres y reduciendo, por tanto, la oferta. O bien, para compensar los riesgos, la alquilaría en un precio superior al establecido por la legislación, cobrando una parte en B (así aparecen los mercados negros). También podría suceder que, en este escenario y para minimizar los riesgos, me viera obligado a pedir un montón de garantías a los inquilinos (avales, fianza de 6 meses de alquiler, nómina por 3 veces el valor del alquiler, etc.).
Este último caso es especialmente preocupante porque afecta a los más vulnerables. A las personas con los ingresos más bajos. Aquellos que no tienen ahorros para pagar una parte del alquiler en B y no tienen avales ni grandes nóminas para aportar como garantía. Esas personas se quedarían fuera del mercado y acabarán viviendo en cualquier sitio por culpa de unas leyes que, supuestamente, se habían hecho para protegerles a ellos y darles una “vivienda digna”.
Los precios altos de los alquileres significan una cosa, simplemente una: que hay menos casas en el mercado que gente intentando alquilar esas casas. En una palabra, hay escasez de vivienda. Como nos explica Thomas Sowell, los chalets en la playa valen muchísimo dinero porque hay pocos y todo el mundo querría tener uno. Si uno limita por ley el precio de los chalets en la playa, eso no hace que de repente aparezcan más chalets de la nada. El número de viviendas será exactamente el mismo. La escasez será la misma. Simplemente has cambiado el criterio mediante el cual se reparten esas viviendas. Antes el criterio era puramente económico (el que lo podía pagar lo compraba) y ahora los criterios serán los que el estado estime oportuno. Lo pueden sortear, se lo pueden dar a una familia en riesgo de exclusión, a una familia monoparental con dos hijos, a una persona con pensión no contributiva o cualquier otro criterio que se les ocurra. Pero eso no va a solucionar la escasez de chalets en la playa. De hecho, la agravará, porque muchos propietarios no estarán dispuestos a ceder sus viviendas en esas condiciones.
La intervención origina escasez. Tenemos innumerables ejemplos de ello. El resultado desastroso del control de alquileres en Londres, París o Berlín debería ser suficiente para convencerse de ello. Incluso el propio Banco de España, en un informe del año 2022, nos advertía sobre los efectos perversos y contraproducentes de los controles de alquiler. Y ahora, esta misma semana, hemos conocido que en Argentina se han desplomado los precios de los alquileres un 20% al aumentarse enormemente la oferta de vivienda por la desregulación llevada a cabo por el presidente Milei. La intervención hace subir los precios, la no regulación hace bajar los precios. Así de sencillo.
El socialismo intervencionista no funciona. En el mercado inmobiliario tampoco. Tenemos tantas muestras de ello que resulta inaudito ver cómo nuestros políticos pretenden ensayar, una y otra vez, recetas que únicamente conducen al desastre. ¿Y de quién es la culpa?
