Íñigo Urkullu es un hombre religioso. Jura su cargo junto al árbol de Guernika con la frase “De rodillas ante Dios”, como responde a la derecha católica vasca. Pero no sabíamos que era un hombre con capacidad léxica para hacer que las palabras no quieran decir lo que dicen, sino lo que él quiere interpretar y convertir en píldoras que los demás nos traguemos sin advertir su verdadera composición. Parece que quisiera interpretar dándole la vuelta aquello de la quinta regla de la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, o sea, que hay que aprovechar los tiempos de desolación para hacer mudanza, y no lo contrario. Esto es, si el PSOE está en precario y el PP desahuciado, es tiempo de ir a por todas, pero con fe.Y ya no se queda con lo estado federal, sino confederal. Sube la apuesta porque tiene que adelantar en su territorio a Bildu, que va ganando terreno. Se comprende.
Claro que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se deja de sutilezas y confía en que la necesidad de los votos vascos y catalanes "empujen al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a dar, esta vez sí, pasos en el modelo de Estado y en el reconocimiento nacional de Euskadi y Catalunya” ¿Qué quiere decir “derecho a decidir”, sino autodeterminación para salirse del Estado? Lo de reinterpretar la Constitución sin modificarla, porque de momento no se dispone de mayoría para hacerlo, es una pieza de ingeniería dialéctica, y sobre todo lo de que su instrumento sea una “convención” con el Estado para abrirle las costuras. Al ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, le parece “muy legítima” la propuesta lanzada por el lehendakari, que plantea un pacto entre el Estado y las “nacionalidades históricas” País Vasco, Cataluña y Galicia, a lo que añade Navarra como agregado para cambiar el “modelo territorial español”. El lendakari sabe que el PSOE está en horas inciertas y que, de entrada, pendientes de su apoyo no le van a decir, como le dijo Zapatero, que no. Ahora, como hizo el Bolaños le dijo que “veremos”.
Cuando el Plan Ibarretxe fue aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004, por 39 votos a favor y 39 en contra, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, manifestó que el Gobierno central se opondría en el Parlamento al Plan Ibarretxe y que "no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ni aplicado". Y así fue cuando se presentó en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005, tras una intervención magistral de Zapatero y Rajoy, por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, Coalición Canaria y el CHA) y 29 a favor, entre ellos el del propio PNV, los viejos amigos de ERC, Convergencia i Unio, Eusko Askatasuna, NadaBai y el BNG).
Hay que analizar con cuidado la pieza retórica de Urkullu, que tiene la ladina ocurrencia de usar eufemismos que ocultar la realidad de su objetivo, cuidándose de aparentar que en el fondo no se trata de dinamitar los fundamentos sobre lo que descansa la Constitución. ¿Qué es eso de una convención, a negociar entre los gobiernos central y vasco a través de una llamada “convención constitucional”, para ampliar las competencias de las comunidades históricas (a Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña) y reconocer en todas ellas la “capacidad de decidir pactada”? o sea, el derecho de autodeterminación. Hasta el presente era una de las líneas rojas en la que coincidían PSOE y PP, los dos partidos que han gobernado España los últimos 41 años.
El proponente es cauto, no usa las expresiones independencia ni autodeterminación porque sabe que con las actuales mayorías la reforma en la dirección que le interesa es inviable, de modo que hay que buscar el modo de conseguir lo mismo con la apariencia de que todo sigue igual. Urkullu recupera y actualiza el Plan Ibarretxe que proponía iniciar el proceso de negociación con el Estado en busca de un pacto político que otorgara a Euskadi identidad propia en Europa para asumir extensas competencias en los ámbitos judicial, económico, laboral y social. Finalmente, los vascos, vía referéndum, ratificarían dicho pacto o, en su defecto, el proyecto aprobado por el Parlamento vasco.
La frase esencial de Ibarretxe era que España tenía que respetar el derecho a decidir de sus naciones. Y en eso era más claro, y sin ambages, de su actual sucesor que defiende la bilateralidad, o sea, que Euskadi se trate de igual a igual con el Estado. Insisto, un estado confederal, o ni siquiera eso.
