Yolanda Díaz prometió la Constitución, o sea, cumplirla y hacerla cumplir cuando accedió a la vicepresidenta primera del Gobierno. Y esa promesa supone el respeto al aparato de leyes y disposiciones que se desprenden de ella. Verla retratada y sonriente, departiendo como colegas con un sujeto huido de la Justicia nos lleva a lo se llama la visualización de la “Teoría de la infamia”. Es una burla de los principios sobre los que Kelsen asienta el Estado de Derecho, cuando quien lo representa convive como si nada con quien los ha vulnerado y tiene como objeto destruirlos. La ferrolana es una chavista convencida y militante de la moda que se oculta tras una cuidada imagen de revista de peluquería, lejos del atuendo revolucionario de otro tiempo. Su sonrisa complaciente junto al fugado y otro de sus compinches es la que reserva para las grandes ocasiones como cuando abraza a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros o en el Congreso. Esta vicepresidenta quizá recuerde aquello que dijera su jefe, cuando nos anunció que traería a Puigdemont, porque él mandaba en el fiscal general del Estado.
La expresión de la infamia que se evoca en el convivio con Puigdemont es un mensaje al cuerpo social que neutraliza, excluye y enmascara la realidad de lo que la señora Díaz se supone que representa, que se anula lo que suponíamos que debería asumir ella. Yolanda supera con sus actos el respeto que debe al poder judicial de su país, que persigue al sujeto con el que se retrata con toda naturalidad y manda un mensaje a la atónita sociedad española, porque en realidad es parte de un trato comercial en el que han desaparecido todas las trabas de lo que se llamó “la estética de la decencia”. Es ella la que juzga y absuelve. El fugado es un ciudadano honorable con quien se deben cerrar tratos.
Enlaza la siempre bien peinada ferrolana con la historia de la infamia que nos legó Borges y se instala en la admiración que la sociedad enferma ha venido prestando a los más deleznables sujetos de la historia, cada uno en su espacio y su ámbito. En el Derecho Romano la infamia era una sanción moral, con efectos civiles que degradaba la capacidad jurídica de la persona en casos donde el ciudadano había tenido un comportamiento que podría ser considerado reprochable socialmente, era la degradación del honor civil, consistente en la pérdida, ante la sociedad de reputación o crédito. Distinguía dos tipos de infamia dependiendo de las causas que la motivaban. La infamia facti tenía lugar cuando el ciudadano llevaba a cabo una acción contraria a lo que establece el orden público, las buenas costumbres o la moral; Y por su parte la infamia iurs, era el resultado de haber efectuado un fraude o una acción dolosa contra alguien.
Muchos considerarán positiva esa “normalización” de las relaciones de quien representa al Estado con quien quiere dinamitarlo y que es un positivo avance, algo normal, positivo, necesario, porque complacer al fugado forma parte de una estrategia necesaria para que el Gobierno de la mensajera siga donde está, al precio que sea, claro. Pero por lo menos deberían guardar las formas con más disimulo. Por cierto, qué en función de principio de solidaridad de los actos de los miembros del Gobierno, cuesta creer, como pretenden que creamos, que no se sabía nada del viaje de la vicepresidenta Díaz y que fue un acto privado, de partido o doméstico. ¿Con qué medios viajó, quién la acompañó, bajo qué rol acudió a Bruselas?
