Cómo se va a justificar el interés general de la amnistía para beneficiar a un sector de los justiciables sometidos a proceso y no a otros de otros ámbitos que incurrieron en los mismos actos penados? Además estos procesados no se han arrepentido ni han manifestado su propósito de renunciar a los objetivos por los que delinquieron, según el Código Penal vigente, aun cuando sus responsabilidades se rebajaron gracias a las reformas que sus compañeros le impusieron al jefe de Gobierno. Aparte de los relacionados con el llamado “procès”, hay otros muchos ciudadanos incursos en delitos por administración desleal, saqueos, robos, enfrentamientos con la autoridad y lesiones, y otros muchos supuestos semejantes. Es decir que, al ser una amnistía a la carta de un sector de los justiciables, se ignorará el principio del carácter general del Derecho, establecido como base general de su función. Ya puestos, ¿por qué no se aplica esa amnistía a todos los que incurrieron en los mimos delitos por los que están procesados los patriotas catalanes, y los propios de Laura Borras, que se pretende incluir con toda razón en la partida? ¿Y si se perdona a los del “procès” qué pasa con los de ETA?
Una de las características del Derecho es la gradación de los delitos y sus penas. Y si la Constitución no permite indultos generales, ¿cabe la amnistía que borra por completo los delitos y todas sus consecuencias? ¿Acaso aplicar la Ley es incompatible con la gestión de la política, y en este espacio se deben aparcar los principios generales del Derecho? Pero es que además la amnistía es precio o tasa que imponen los independentistas para apoyar que el doctor Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y eso le da un especial matiz. Aunque se lleve con discreción extrema, la negociación para la amnistía está en marcha. Va a ser interesante el viraje del PSOE, que en 2001 votó en contra con la iniciativa de sus propios socios cuando presentaron una propuesta de amnistía, “porque no encajaba en la Constitución”. ¿Cómo van a disimular que esa concesión es precio marcado para que Sánchez siga siendo presidente? De ahí que sea de tal importancia la exposición de motivos. ¿Qué es el precio de la paz social? La cartera de exigencias de Junts está abultada. Todavía nos esperan sorpresas. Los que están en guerra con el Estado se van a beneficiar sin que se rindan.
Si en 2021 cuando los independentistas presentaron una propuesta en el Congreso, el PSOE votó en contra y lo razonó, ¿cómo lo explicará ahora? Va a tener que justificar cuál es no sólo la razón sino el beneficio de la amnistía. Más que nunca sería una amnistía a la carta, que el independentismo quiere ampliar hasta límites insospechados a todos los hechos penados, incluso a hechos lejanamente relacionados con el “procès”. En el documento de 2021, de doce páginas, señalaban amnistiables todos los hechos comprendidos “de intencionalidad política”, comprendidos entre 2013 y aquel año. Precisando que "Se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, la organización, la convocatoria, la financiación, el favorecimiento, la promoción, la ejecución y la celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017", remarca el documento con carácter general, sin nombres. El lote es muy completo a incluye a los da indultados y otras 13 causas principales, entre ellas los asaltos urbanos de los CDR, a quienes Torra aconsejara apretar, y todos los hechos del llamado Tsunamy Democrátic.
Sostiene el catedrático de Derecho Constitucional de la universidad de Barcelona Xavier Arbós que la descalificación que supondría de hecho y anular la propia competencia de los jueces que tienen a su cargo los procesos en marcha, según el artículo 117 de la Constitución, a quienes se privaría de tal facultad ordinaria de su función. De todos modos, si el proyecto sigue adelante mediante una ley orgánica, se trata además de considerar que las condenas derivadas del “procès” fueron injustas, y su consecuencia es la propia descalificación de los jueces que las juzgaron o tienen en proceso. En esta rapsodia destacan las propias manifestaciones de Sánchez y de los miembros de su Gobierno, dejando la decisión final en manos de un Constitucional, en el que campean los jueces que se supone favorables a facilitar las cosas. La pregunta es por qué, si en ambos bandos se hallan los apoyos a Sánchez, ¿cabe la diferencia de trato que se dispensa a quienes han vulneraron la ley en Cataluña y son perdonados y otros casos, ya puestos? ¿Qué pasa, pese al acercamiento y el acomodo de los presos de ETA, y no se les aplican las mismas medidas de gracia? ¿O es que olvidan que Otegui, primero en declarar su apoyo a Sánchez, ha dicho que su objetivo a lograr poner a los etarras en la calle? Ahí vamos.
