La Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó la creación de la Comisión de arbitraje prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas para los casos de abusos sexuales que prescribieron o en los que el agresor falleciese y creará también una comisión de baremación para determinar las indemnizaciones.
Esta comisión de arbitraje, de ámbito nacional, tendrá como objetivo el estudio de las denuncias presentadas en las Oficinas de Protección de menores pero que, por diversos motivos no pueden tener recorrido en el ámbito judicial civil, canónico o penal, porque el acusado “haya fallecido o haya una prescripción”, tal y como precisó el secretario general de la CEE, César García Magán, ayer en rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Permanente, que se reunió el 30 y 31 de enero.
Los obispos decidirán en la Asamblea Plenaria de marzo los nombres concretos de los integrantes de dicha comisión en la que quieren que participen “expertos reconocidos y con una pluralidad de procedencias, es decir, del ámbito jurídico, civil y canónico, médicos, psicólogos” y de la dimensión espiritual.
El portavoz de los obispos también anunció que, de forma paralela, se creará otra comisión “de barremación” para esos casos que no son susceptibles de tener un recorrido judicial y en los que la víctima solicite una reparación económica. Si bien, precisó que no quieren centrar sus trabajos contra los abusos solo en la dimensión económica porque, a su juicio, esto sería “una mercantilización de las víctimas”. Además, precisó que no todas las víctimas quieren una indemnización. En cualquier caso, si se solicita, puntualizó que la reparación corresponde, en primer lugar, al victimario y, en segundo lugar, a la institución eclesial a la que pertenezca, en su caso, la diócesis o el instituto religioso o secular. Durante la reunión, los prelados estudiaron el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico para “evitar” que estos casos “vuelvan a repetirse” y ofrecer a las víctimas “una reparación integral”.
También se presentó el informe actualizado del documento “Para dar luz”, después de integrar las aportaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo.
