La iniciativa popular contó con el respaldo de PP y PSOE, y el rechazo de En Marea y el BNG
Los grupos parlamentarios de PP y PSdeG dieron ayer el visto bueno a un texto conjunto -que recibió el voto en contra de En Marea y BNG- para pedir al Gobierno que "mejore" el marco normativo que regula el delito de "usurpación de inmuebles", así como que estas cuestiones se diriman a través de juicios rápidos. El acuerdo entre ambas fuerzas políticas también incluye que las modificaciones legislativas posibiliten el desalojo desde el inicio de la instrucción sumarial y que, en los casos de personas en riesgo de exclusión que estén habitando un inmueble que no sea de su propiedad, las administraciones arbitren soluciones para su realojo.
A este pacto han llegado después de que la diputada del PPdeG Paula Prado plantease en la primera jornada del pleno una iniciativa centrada en las "mafias" que "trafican y especulan" con pisos que detectan que están vacíos para exigir dinero a sus propietarios a cambio de su salida. Sin embargo, la popular introdujo en el debate los disturbios registrados en Santiago en dos manifestaciones en favor del colectivo "okupa", que aprovechó para criticar al alcalde compostelano, Martiño Noriega, por su "apoyo" a los "violentos" que hicieron "un uso ilegítimo e ilegal" de un bien cuyo uso tardó "tres años" en recuperar su propietario.
Su falta de "escrúpulos" se la afeó Antón Sánchez, viceportavoz de En Marea, quien censuró que el PP se "preocupe" por las propiedades de "una gran empresa o un banco" pero no por "los ciudadanos que no tienen vivienda o son desahuciados". Dicho esto, cargó contra la "violencia institucional" que implica no combatir la exclusión social. Por todo ello, el grupo rupturista presentó una enmienda para garantizar que nadie sea desalojado de su vivienda, pero no fue tenida en cuenta por el partido mayoritario, que sí se avino a negociar la aportación realizada por los socialistas.
Precisamente, el pasado martes fueron puestas en libertad con cargos las nueve personas que habían sido detenidas por la Policía Nacional a raíz de los sucesos vinculados al desalojo del Centro Social Okupado Autogestionado Escárnio e Maldizer y las posteriores manifestaciones en defensa del mismo.
Siete de ellas habían sido detenidas en la capital gallega y continúan siendo investigadas por un delito contra el orden público.Cinco de estas personas eran de la propia ciudad de Compostela y las otras dos de Ourense, y están siendo investigadas por este delito por el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela.
En paralelo, los votos del PPdeG rechazaron varias proposiciones no de ley presentadas por PSdeG y En Marea que fueron debatidas el martes. Los populares se opusieron a solicitar una delegación de Anticorrupción y a realizar un estudio sobre el rescate de la AP-9, ambas propuestas del grupo rupturista; así como a reclamar un aumento de plazas de escuelas infantiles que permita eliminar la lista de espera, como demandaron desde el Grupo Socialista.
