Magistrados y expertos constitucionalistas consideran que el estado de alarma dictado por Pedro Sánchez, que tiene vigencia hasta el próximo mes de mayo, arrincona el control parlamentario
n n n Magistrados y expertos constitucionalistas coinciden en calificar de legal, en función de lo establecido en la ley orgánica de 1981, la intención del Gobierno de lograr una prórroga de seis meses del nuevo estado de alarma, si bien ponen reparos a cómo que se arrincona al Congreso en sus funciones de control y también a la Justicia, ya que no será necesario que, como hasta ahora, los tribunales superiores ratifiquen las medidas concretas que se pongan en marcha en cada comunidad autónoma para contener el covid-19.
Sobre el papel, una ampliación en el tiempo de las medidas como la que tiene previsto pedir el Gobierno, una vez pasen 15 días de la entrada en vigor del estado de alarma, no tiene problemas de legalidad, ya que el artículo 6.2 de la Ley que regula los estados excepcionales señala que la autorización del Congreso "podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes" durante la citada prórroga. Según magistrados consultados, dicha previsión del Gobierno sería "ajustada" dada la situación actual, a lo que se suma que el estado de alarma puede ser levantado en cualquier momento si las condiciones sanitarias mejoran en los próximos meses
Para los defensores de la medida, la previsión es adecuada y conforme a lo que se ha hecho en otros países vecinos con el estado de emergencia, que equivale a nuestro estado de alarma. A juicio de estos expertos, el error de marzo fue plantear prórrogas de dos semanas, demasiado cortas y que obligaban al Gobierno a estar continuamente dedicado a negociar la siguiente prórroga, en lugar de dedicar su esfuerzo únicamente a la lucha contra la pandemia.
Esas prórrogas cortas, además, se convirtieron en un arma para la oposición, que amenazaba permanentemente con no aprobarlas y en un instrumento para que los propios aliados del Gobierno obtuvieran concesiones ajenas a la pandemia que había que combatir. Los planes de Moncloa parecen encaminados entonces a evitar dicha "politización", según estas fuentes.
4 Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín defendió igualmente que para establecer un toque de queda a nivel nacional "no había más cobertura legal que el estado de alarma". En cuanto a la ausencia de ratificación judicial por parte de los Tribunales Superiores de Justicia (TJS), Martín incidió en que se trata de una "solución de urgencia" que en buena medida contribuirá a evitar el "caos" de decisiones discrepantes que se han visto hasta ahora con los TSJ.
4 El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, Manuel Almenar, coincide en que no había otra herramienta normativa, pero cree que una prórroga de tal alcance suscita "serias dudas de inconstitucionalidad", porque cualquier limitación de derechos fundamentales "ha de interpretarse restrictivamente" y porque el control que debe ejercer el Congreso sobre el Gobierno queda diluido. Almenar recordó asimismo que "el estado de alarma responde a una situación que cambia día a día", por lo que "una cosa es que se prorrogue quince días, durante los cuales habrá que revisar en qué términos varían los criterios que se tuvieron en cuenta para declararlo, y otra cosa muy distinta es que se asuma desde el principio que los datos no van a variar en seis meses".
4 En la misma línea, Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), consideró que, si bien "el estado de alarma no se ajusta al 100%" a la situación actual, "es lo único de lo que disponemos" legalmente, porque en estos momentos no hay otros instrumentos normativos que den cobertura a las medidas adoptadas. No obstante, apuntó que una prórroga de seis meses "es un poco excesiva". A este respecto, reivindicó que "en el espíritu de la Constitución está que tiene que estar sujeto a un control por parte del Parlamento".
4 Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, llamó la atención sobre el hecho de que, "aunque se pueda legalmente, supone esquivar el control judicial cuando se está afectando a derechos y libertades fundamentales". "Me parece una mala decisión", dijo, avisando de que "puede haber extralimitaciones que provoquen vulneración" de los mismos.
Los portavoces de la APM y la AJFV recalcaron a este respecto que siempre cabe un control judicial "a posteri" con cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo ante el TC y con impugnaciones de actos concretos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
4 Más crítico con la reforma es el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores, que considera incluso un "fraude de ley" que se haya dictado este estado de alarma apenas 24 horas después de que concluyera el acordado hace dos semanas para la Comunidad de Madrid. A su juicio, es irrelevante que el "nuevo" estado de alarma tenga un alcance territorial y un contenido normativo diferente, porque precisamente corresponde al Congreso "establecer el alcance y las condiciones" del nuevo periodo.
4 El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal señaló que, en su opinión, no habría valido con una reforma de las leyes ya existentes ni con una nueva ley. "Una limitación tan fuerte como no poder salir de casa en determinadas horas, yo solo la veo con un estado de alarma", ha sostenido. Sin embargo, ve exagerado una prórroga de seis meses. Vidal advirtió también de que esta prórroga supone pedir un "cheque en blanco" al Parlamento. n
Sobre el papel, una ampliación en el tiempo de las medidas como la que tiene previsto pedir el Gobierno, una vez pasen 15 días de la entrada en vigor del estado de alarma, no tiene problemas de legalidad, ya que el artículo 6.2 de la Ley que regula los estados excepcionales señala que la autorización del Congreso "podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes" durante la citada prórroga. Según magistrados consultados, dicha previsión del Gobierno sería "ajustada" dada la situación actual, a lo que se suma que el estado de alarma puede ser levantado en cualquier momento si las condiciones sanitarias mejoran en los próximos meses
Para los defensores de la medida, la previsión es adecuada y conforme a lo que se ha hecho en otros países vecinos con el estado de emergencia, que equivale a nuestro estado de alarma. A juicio de estos expertos, el error de marzo fue plantear prórrogas de dos semanas, demasiado cortas y que obligaban al Gobierno a estar continuamente dedicado a negociar la siguiente prórroga, en lugar de dedicar su esfuerzo únicamente a la lucha contra la pandemia.
Esas prórrogas cortas, además, se convirtieron en un arma para la oposición, que amenazaba permanentemente con no aprobarlas y en un instrumento para que los propios aliados del Gobierno obtuvieran concesiones ajenas a la pandemia que había que combatir. Los planes de Moncloa parecen encaminados entonces a evitar dicha "politización", según estas fuentes.
4 Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín defendió igualmente que para establecer un toque de queda a nivel nacional "no había más cobertura legal que el estado de alarma". En cuanto a la ausencia de ratificación judicial por parte de los Tribunales Superiores de Justicia (TJS), Martín incidió en que se trata de una "solución de urgencia" que en buena medida contribuirá a evitar el "caos" de decisiones discrepantes que se han visto hasta ahora con los TSJ.
4 El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, Manuel Almenar, coincide en que no había otra herramienta normativa, pero cree que una prórroga de tal alcance suscita "serias dudas de inconstitucionalidad", porque cualquier limitación de derechos fundamentales "ha de interpretarse restrictivamente" y porque el control que debe ejercer el Congreso sobre el Gobierno queda diluido. Almenar recordó asimismo que "el estado de alarma responde a una situación que cambia día a día", por lo que "una cosa es que se prorrogue quince días, durante los cuales habrá que revisar en qué términos varían los criterios que se tuvieron en cuenta para declararlo, y otra cosa muy distinta es que se asuma desde el principio que los datos no van a variar en seis meses".
4 En la misma línea, Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), consideró que, si bien "el estado de alarma no se ajusta al 100%" a la situación actual, "es lo único de lo que disponemos" legalmente, porque en estos momentos no hay otros instrumentos normativos que den cobertura a las medidas adoptadas. No obstante, apuntó que una prórroga de seis meses "es un poco excesiva". A este respecto, reivindicó que "en el espíritu de la Constitución está que tiene que estar sujeto a un control por parte del Parlamento".
4 Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, llamó la atención sobre el hecho de que, "aunque se pueda legalmente, supone esquivar el control judicial cuando se está afectando a derechos y libertades fundamentales". "Me parece una mala decisión", dijo, avisando de que "puede haber extralimitaciones que provoquen vulneración" de los mismos.
Los portavoces de la APM y la AJFV recalcaron a este respecto que siempre cabe un control judicial "a posteri" con cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo ante el TC y con impugnaciones de actos concretos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
4 Más crítico con la reforma es el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores, que considera incluso un "fraude de ley" que se haya dictado este estado de alarma apenas 24 horas después de que concluyera el acordado hace dos semanas para la Comunidad de Madrid. A su juicio, es irrelevante que el "nuevo" estado de alarma tenga un alcance territorial y un contenido normativo diferente, porque precisamente corresponde al Congreso "establecer el alcance y las condiciones" del nuevo periodo.
4 El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal señaló que, en su opinión, no habría valido con una reforma de las leyes ya existentes ni con una nueva ley. "Una limitación tan fuerte como no poder salir de casa en determinadas horas, yo solo la veo con un estado de alarma", ha sostenido. Sin embargo, ve exagerado una prórroga de seis meses. Vidal advirtió también de que esta prórroga supone pedir un "cheque en blanco" al Parlamento. n
