Entre 10.000 y 15.000 personas llegadas de toda España, según un cálculo de la Policía Nacional (5.000 según la delegación del Gobierno),reclamaron en una manifestación en Madrid la dimisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por querer privatizar las pensiones. La protesta fue convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y otras organizaciones.
Al término de una marcha que tenía previsto pasar por el Congreso de los Diputados, por donde no pudieron transcurrir por coincidir con otra manifestación de militares que terminó en la Puerta del Sol, el portavoz de Coespe Ramón Franquesa justificó la petición de dimisión de Escrivá por “ser un zorro puesto a guardar las gallinas” y “un mandado de la banca internacional” que quiere apropiarse de los fondos de las pensiones públicas.
Otro de los portavoces de esa organización, Ciriaco García, relacionó la llegada de dinero de la UE para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia y promover una nueva economía digital y sostenible que supondrá una transferencia de fondos a cargo del aumento de la deuda estatal, con la privatización de los ingresos de las pensiones de la Seguridad Social. Por ello, tanto Franquesa como García y la también portavoz Concha Rivera, exigieron que se haga una auditoría de la Seguridad Social, ya que, según denunció esta última, se han desviado en los últimos 20 años alrededor de medio billón de euros de cotizaciones de los trabajadores para cubrir otros gastos distintos de las pensiones.
Rivera también puso el ejemplo de lo que puede suceder si existen problemas en un sistema de pensiones privadas, como sucedió en Chile, donde los trabajadores retirados perciben solo una cuarta parte del salario que percibían.
García leyó un manifiesto consensuado con medio centenar de organizaciones convocantes y participantes en el que se trasladaban a la clase política y a los ciudadanos otras demandas en materia de pensiones, como la subida de su importe por ley y en igual cuantía que el IPC o la supresión del “mecanismo de equidad intergeneracional” -sustituto del “factor de sostenibilidad”-, que supondrá un recorte en la cuantía de las pensiones para los futuros jubilados.
Ese texto también contenía otra propuesta, el establecimiento de una pensión mínima de 1.084 euros mensuales según la Carta Social Europea, que defendió Rivera con la finalidad de eliminar la pobreza a que someten los bajos importes de las actuales prestaciones.
