La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) alertó de que la propuesta de financiación singular para Cataluña -que implicaría la cesión del 100% de impuestos- supondría la “ruptura” de la Agencia Tributaria, el aumento del fraude fiscal y el deterioro de los servicios al ciudadano. “Esta independencia fiscal para Cataluña es inconstitucional”, advirtió la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, durante una rueda de prensa ayer para advertir sobre las consecuencias de la pretendida soberanía tributaria en esta comunidad.
La semana pasada, el Govern catalán planteó una propuesta de financiación singular para Cataluña que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial.
Según avisaron desde la asociación de inspectores, la independencia fiscal de Cataluña supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación “irreversible” que tendría graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal.
Los inspectores de Hacienda explicaron que esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en el la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Por ello, esta propuesta conculca los principios de igualdad de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad.
En plan del Govern
El plan planteado por el Govern catalán supone tener plena capacidad normativa en los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña y disponer de la totalidad de recursos impositivos. Los inspectores explicaron que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. “Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados”, remarcó la asociación.
Otros tributos se consideran “muy difícilmente consorciables”, como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades. Los dos primeros por estar íntimamente relacionados con la actividad exterior del Estado y regulados por normas no estatales, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones.
Así, los inspectores insistieron en que cualquier diferencia en la gestión de impuestos como Sociedades, IVA o el Impuesto Especial de fabricación, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un “aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas”.
