Cultura

Ley Celaá, ¿con fecha de caducidad?

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Ley Celaá, ¿con fecha de caducidad?

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá.
photo_camera La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá.
La falta de consenso con la que ha sido aprobada la LOMLOE y la fuerte respuesta desde distintos ámbitos políticos y sociales auguran un recorrido incierto para la octava ley de educación de la democracia.

Otra ley educativa en este país –y van ocho desde el inicio de la democracia- y nace tan contestada que probablemente durará lo mismo que tardemos en tener otro gobierno. Tan sólo ha conseguido 177 votos a favor, uno más de los necesarios para ser aprobada, lo que da una idea de su escaso respaldo parlamentario. Y este es el primer problema de la LOMLOE, que nace sin consenso en uno de los asuntos más importantes para un país: tutelar la educación de las futuras generaciones. Llueve sobre mojado. Los españoles nos hemos acostumbrado a lo que es una rareza en los países de nuestro entorno, aprobar una ley educativa sin consenso entre las grandes formaciones políticas. 
Y tratándose de una ley de Educación se echa en falta que se hable más de modernización de la enseñanza, digitalización del aprendizaje, la autonomía de los centros o de la propia carrera docente que incentive el trabajo del profesorado. 
Son muchos los frentes abiertos y los puntos que han tensionado a distintos grupos sociales tras su aprobación. El más importante está formado por los centros concertados, que escolarizan a uno de cada cuatro alumnos en las etapas obligatorias. Pero también están las organizaciones católicas por la pérdida del peso de la Religión en el currículo académico, el futuro de los centros de educación especial, las CC.AA. con lenguas propias, así como un amplio sector de social que se ha mostrado alarmado por la promoción de curso sin límite de suspensos. 
Si a la Ley Wert se la tildaba de “elitista” poniendo el énfasis en los alumnos más brillantes para que progresaran a mayor ritmo mientras buscaba salidas para los que se quedaban atrás, ahora se quiere conseguir una educación homogénea, y que un suspenso no sea obstáculo para un alumno no promocione de curso. Pero vayamos por partes.
Educación concertada
La Ley Celaá se adentra en el siempre complejo mundo de la educación concertada porque sigue sin resolverse un problema que parte casi desde los orígenes de la democracia. El desarrollo económico y el boom de la natalidad de los 60 crearon la necesidad de contar con numerosos centros de educación que el Estado no podía financiar. Fue precisamente un gobierno socialista el que firmó en 1985 un concierto económico con –sobre todo- órdenes religiosas que abrieron sus puertas a miles de alumnos haciéndose cargo el Estado de las nóminas del profesorado y una cantidad anual para su funcionamiento. 
Lo que en su momento fue una decisión que contó con un amplio consenso político y social derivó con el paso del tiempo en un motivo de enfrentamiento ideológico y picaresca empresarial. La falta de actualización del concierto económico llevó a miles de centros a crear las llamadas “cuotas voluntarias”, una fórmula para conseguir ingresos adicionales cobrando por determinadas actividades desarrolladas en el colegio. La LOMLOE quiere acabar definitivamente con esta práctica. 
De forma paralela se elimina el concepto de “demanda social”, un resquicio que permitía a los colegios concertados aumentar las líneas escolares actuando como un poderoso imán frente a los padres descontentos de la educación pública. Se trata de una curiosa paradoja las de las familias con hijos en centros concertados: mientras por un lado rechazan el pago de las “cuotas voluntarias”, por otro se sienten obligados a salir a la calle a protestar contra esta Ley que amenaza con acabar con el modelo de educación que quieren para sus hijos. 

Distrito escolar único 
También ha resultado muy polémica la eliminación del “distrito escolar único” que permitía en la práctica a los padres elegir el colegio que más se ajustara a su ideario. Ahora el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de “existencia de hermanos matriculados en el centro; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres; renta per cápita de la unidad familiar; padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro;  condición legal de familia numerosa;  alumnado nacido de parto múltiple; familia monoparental; situación de acogimiento familiar del alumno o alumna; concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos y hermanas y condición de víctima de violencia de género o de  terrorismo”. 

Bachillerato con suspensos
Uno de los aspectos más polémicas de la nueva ley es el relativo a la exigencia académica, que disminuye y se permite, por primera vez, la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con un suspenso. En el caso de la ESO, la exigencia es menor, ya que se podrá pasar de curso “sin límite de materias pendientes”. En este caso el título también se podrá obtener con “actividades personalizadas extraordinarias”. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Todo ello en un país que suele ocupar los últimos puestos en el informe PISA y que con medidas como ésta no va a conseguir cambiar. 

Educación especial
Los centros de educación especial ven amenazada su continuidad, porque la LOMLOE establece que “el Gobierno desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Las familias han puesto el grito en el cielo porque la mayoría considera que sus hijos serán mejor atendidos en este tipo de colegios.

La lengua vehicular
En el ámbito político uno de los aspectos más polémicos se encuentra en la eliminación de la referencia al castellano como lengua vehicular. Se trata de una frase introducida por primera vez en 2013 en la LOMCE. Un tema muy sensible que se ha utilizado como munición para los ataques partidistas y para enardecer a las bases de uno u otro partido. 

Religión
La controvertida asignatura de Religión también será modificada en la Ley Celaá. Continuará siendo de oferta obligatoria en los centros, pero dejará de contar en la nota media del expediente.

Selectividad
En este caso lo más llamativo es lo que no se legisla y que era una demanda de muchas Comunidades Autónomas: una prueba única en todo el país. Son varias las CC.AA. que han mostrado su malestar con el bajo nivel de exigencia de algunas regiones, porque perjudican al resto. n