El Capítulo Tercero (De los principios rectores de la política social y económica) del Título I (De los derechos y deberes fundamentales) de la Constitución de 1978, en el artículo 49 establece que los poderes públicos velarán, entre otros aspectos, por la «integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos […]».
Gracias a la reforma aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado jueves día 18, el término «disminuidos» será sustituido por «personas discapacitadas», por acuerdo de la totalidad de los grupos parlamentarios excepto Vox.
En una intervención previa ante el pleno de la Cámara Baja, el ministro Bolaños aseguró que la reforma constitucional va más allá de las palabras. Sin embargo, la actuación del gobierno en este aspecto demuestra que, en realidad, dicha reforma no son más que palabras y solo palabras; a pesar de que el punto 2 del nuevo artículo 49 disponga que «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad […]».
El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, junto con el Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito a este Ministerio, crearon en el curso 2020-2021 el «Programa Reina Letizia para la Inclusión», gestionado por la entidad colaboradora Fundación Once, con el objetivo de mejorar mediante ayudas directas las condiciones educativas de los discapacitados, y de este modo favorecer su acceso al mercado laboral y su plena inclusión en la sociedad.
Pues bien, tras tan solo tres ediciones, el Programa Reina Letizia para la Inclusión ha sido suspendido sin ninguna explicación ni justificación, con lo cual en el presente año académico 2023-2024 numerosos discapacitados minusvalorados quedarán desamparados.
Señor presidente del Gobierno, señor ministro de Derechos Sociales: Todavía están ustedes a tiempo de corregir tamaña injusticia. Si no lo quieren hacer por humanidad, háganlo por pragmatismo: hay más de cuatro millones de votos en juego.
