Un colectivo heterogéneo y de variado pensamiento como lo es el Gobierno español actual, es lógico que disienta en el modo de afrontar diferentes situaciones. Al fin y al cabo, entre sus ministros se dan cita personalidades abiertamente divergentes, desde las que defienden posiciones socialdemócratas próximas al centrismo hasta la izquierda más radical. Ellas y ellos los hay comunistas, socialistas, democristianos, sindicalistas, anarquistas… como los hay abogados, economistas, médicos, maestros, filólogos o ingenieros. Pero esa disidencia que se percibe con carácter frecuente y que en muchos casos dificulta la aplicación de actuaciones en el seno ejecutivo por falta de acuerdo, no puede ni debe compararse al componente individualista y polémico que aflora en su seno cada dos por tres. Con una particularidad. Las tomas de decisiones individualizadas no solo traslucen una preocupante falta de cohesión en el equipo, sino lo que es peor, expresan también una falta de coherencia que da miedo porque propone que para lo que el responsable de lo pretende hacer pueda llevarlo a cabo, poco importa que exista posibilidad legal de hacerlo. Se hace y basta.
Tres ejemplos muy evidentes se han producido en estos últimos meses, de intenciones a las que ninguna normativa puede estorbar. Hace unos días, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribero proclamó la necesidad de aplicar un impuesto novedoso y sumamente severo al sector bancario. Alguno de los presentes advirtió a la vicepresidenta tercera que no se habían aprobado los Presupuestos Generales y que parecía difícil proponer una función tributaria nueva sin el marco adecuado. Ribero manifestó que ya encontraría el Gobierno algún resquicio en alguna parte donde colar la nueva tasa. Fue una reflexión muy parecida a la que expresó el ministro Bolaños un día después ante los micrófonos de una emisora de radio determinando que la soberanía popular estaba depositada en el Congreso y negándosela al Senado. En el Senado no había soberanía popular que valga seguramente porque en esa cámara hay mayoría de la oposición. Ambas reflexiones se unen a la del ministro de Trasportes quien abogó unas semanas antes por no contar con la judicatura para pronunciarse sobre la situación de los independentistas catalanes para aligerarles el trabajo. Son todos ministros aunque parezca lo contrario.
Tres ejemplos muy evidentes se han producido en estos últimos meses, de intenciones a las que ninguna normativa puede estorbar. Hace unos días, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribero proclamó la necesidad de aplicar un impuesto novedoso y sumamente severo al sector bancario. Alguno de los presentes advirtió a la vicepresidenta tercera que no se habían aprobado los Presupuestos Generales y que parecía difícil proponer una función tributaria nueva sin el marco adecuado. Ribero manifestó que ya encontraría el Gobierno algún resquicio en alguna parte donde colar la nueva tasa. Fue una reflexión muy parecida a la que expresó el ministro Bolaños un día después ante los micrófonos de una emisora de radio determinando que la soberanía popular estaba depositada en el Congreso y negándosela al Senado. En el Senado no había soberanía popular que valga seguramente porque en esa cámara hay mayoría de la oposición. Ambas reflexiones se unen a la del ministro de Trasportes quien abogó unas semanas antes por no contar con la judicatura para pronunciarse sobre la situación de los independentistas catalanes para aligerarles el trabajo. Son todos ministros aunque parezca lo contrario.
