Las abundantes dudas que generan en el ciudadano los comportamientos de la administración de Justicia tienen en muchas situaciones razones más que sobradas para plantearse y alentar una desconfianza que ha ido creciendo a medida que el universo judicial ha ido renunciando a su condición de independencia y se ha ido dejando conquistar por los grupos políticos que en cada periodo ostentan el poder, ordenan y mandan. Desgraciadamente, todo parece indicar que la influencia política está cada vez más presente, aunque seguramente nunca había llegado a alcanzar cotas como las de ahora. El comportamiento que está manifestando por ejemplo la cúpula del Ministerio Público dibuja un panorama muy propio para que el pueblo llano vuelva a recordar aquellos antiguos pensamientos entre sabios y resentidos que manifestaban nuestros antepasados. Aquel “tengas pleitos y los ganes” que recitaba la gente sencilla antes de santiguarse, entrar en la sala del crimen y vérselas con el juez y los fiscales.
Sin embargo, la ventaja de vivir en un país democrático -y este lo es por mucho que Moncloa esté interesada en negarlo apelando a la intolerable maquinaria del fango- es que el sistema judicial es robusto y aunque tarda en ponerse en marcha, cuando lo hace no para. Se desplaza con andares de paquidermo pero se desplaza.
Ese sistema es el que ha resuelto seguir adelante con el procedimiento abierto contra Begoña Gómez y no parará hasta determinar su grado de implicación y las consecuencias de estos actos. Y ese mismo sistema es el que está sorteando los clavos de punta con los que el fiscal Ortiz siembra la ruta, desactivando sin prisa pero sin pausa las estrategias de las que se vale para que todo esté atado y bien atado. El Supremo acaba de anular el nombramiento a dedo de la ex ministra de Justicia y ex Fiscal General, Dolores Delgado, como fiscal responsable de la Memoria Histórica, un cargo prácticamente creado a su medida al que sin embargo habrá de renunciar incluso ya nombrada porque existen interese contrapuestos en su designación que invalidan la designación de su sucesor en la Fiscalía, e impiden que pueda desempeñar el cargo. La maquinaria judicial es lenta y premiosa, aparentemente inoperante pero, a la postre, irrefrenable. Y cuando se empeña, se empeña.
