Vista la reacción de diversos colectivos afectados, desde la Judicatura al funcionariado de otras instituciones y servicios del Estado, colegios de abogados, asociaciones de abogados del Estado, aparte de la oposición y miles de ciudadanos, cabe preguntarse si Pedro Sánchez y su partido van a ser capaces de cumplir, todos los compromisos adquiridos. ¿Y qué podría pasar si eso da lugar a nuevas decepciones y frustraciones, especialmente con las metas que le ha marcado el independentismo? Porque la apuesta es arriesgada y los riesgos de que se repitan conductas perdonadas en sus efectos penales siguen vigentes. Y si no, vean lo que sigue diciendo Puigdemont, que advierte de que estará vigilante toda la legislatura sobre Sánchez ¿Qué competencias, autoridad, sistema, medios y capacidades será o serán los verificadores internacionales que supervisarán la negociación, y qué pasará si concluye que el PSOE no cumple lo que se espera de él, o sea, de la parte contratante de la primera parte del contrato? Puigdemont, que está dirigiendo todo esto, ha dicho que ellos ya tienen a los verificadores que se nombrarán y que las negociaciones no podrán celebrarse en España, (porque por lo visto, es un conflicto internacional, entre dos Estados).
Todavía estábamos reponiéndonos de la sorpresa del texto del pacto entre el PSOE y Junts, analizando el significado final de lo escrito y rubricado (aunque en algunos extremos, el partido de Sánchez, como en lo del “Lawfare” metiera la marcha atrás), cuando nos sobreviene otro sobresalto algo más amortiguado firmado con la derecha vasca, y que nos hace plantearnos qué va a quedar del concepto mismo de España, descrito en la Constitución, cuando los pactos se ejecuten, como le exigen al por ahora candidato en funciones. ¿Un Estado federal, confederal, asimétrico, mediopensionista, de estilo balcánico, etc., o se inventarán una nueva fórmula, y si así fuese, cómo la van meter dentro de esa Constitución que de tan impúdico modo se invoca? Porque ya resignados a la amnistía expansiva, lo que más sorprende no es ya el alivio penal a los que delinquiron, que es como ahora se dice, sino que el PSOE asume el lenguaje descriptivo de una historia tergiversada, al gusto de Puigdemont que remonta la agresión histórica de España a Cataluña nada menos que a los Decretos de Nueva Planta y las derrotas que siguieron a la de 1714. ¡Y el PSOE lo asume y firma tan pancho!
En su “Breve historia de Cataluña”, página 91, Pierre Vilar escribe que, con los Decretos de Nueva Planta lo que se suprimió fue lo que quedaba de un mundo medieval. Pero es más preciso Jaime Vicens Vives, que resulta que era de Girona, en las páginas 131-132, de su “Aproximación a la Historia de España”, apunta, con respecto a lo que Puigdemont dice y el PSOE comulga, que “el desescombro de privilegios y fueros benefició insospechadamente a Cataluña, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía”. O sea, que ahí empezó, sobre todo con la apertura de mercados americanos, la fortuna de Cataluña que llega a nuestros días. En ese paquete de ventajas el mismo historiador gerundés anota los propios beneficios que alcanzarían a las ferrerías vascas, gracias a la pujanza de capitales repatriados. Y en uno y otro caso, que debería anotar el PSOE, que es la vanguardia de la clase trabajadora, como dice Vicens Vives, a lo que se sumó la más cruda explotación “de las clases trabajadoras (del resto de España) que buscaban allí su supervivencia”.
¿Cómo se entiende que el PSOE haya firmado negociar el reconocimiento nacional de Catalunya y ahora también de lo que el padre del federalismo español, Pi i Margalll llama “provincias vascongadas? Con ERC, Sánchez acepta “el debate sobre el reconocimiento nacional de Catalunya y la forma de vehicular dicho reconocimiento a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático”. Nótese que esa fórmula no cita expresamente la Constitución. Y luego de las expresas cesiones a Junts y ERC, el remate lo pone el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y el representante del partido de Sabino Arana, donde se establece que se acepta negociar “un acuerdo, que deberá ser ratificado en consulta al pueblo vasco, sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España y el respeto a los derechos forales de los territorios vascos”. Pero aparte de las palabras hay que ver los efectos reales de lo que supone el desmembramiento del Estado, ya sea la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, o la de los impuestos que se recaudan en Cataluña, dotándole de facto de su propia Agencia tributaria.
Todavía estábamos reponiéndonos de la sorpresa del texto del pacto entre el PSOE y Junts, analizando el significado final de lo escrito y rubricado (aunque en algunos extremos, el partido de Sánchez, como en lo del “Lawfare” metiera la marcha atrás), cuando nos sobreviene otro sobresalto algo más amortiguado firmado con la derecha vasca, y que nos hace plantearnos qué va a quedar del concepto mismo de España, descrito en la Constitución, cuando los pactos se ejecuten, como le exigen al por ahora candidato en funciones. ¿Un Estado federal, confederal, asimétrico, mediopensionista, de estilo balcánico, etc., o se inventarán una nueva fórmula, y si así fuese, cómo la van meter dentro de esa Constitución que de tan impúdico modo se invoca? Porque ya resignados a la amnistía expansiva, lo que más sorprende no es ya el alivio penal a los que delinquiron, que es como ahora se dice, sino que el PSOE asume el lenguaje descriptivo de una historia tergiversada, al gusto de Puigdemont que remonta la agresión histórica de España a Cataluña nada menos que a los Decretos de Nueva Planta y las derrotas que siguieron a la de 1714. ¡Y el PSOE lo asume y firma tan pancho!
En su “Breve historia de Cataluña”, página 91, Pierre Vilar escribe que, con los Decretos de Nueva Planta lo que se suprimió fue lo que quedaba de un mundo medieval. Pero es más preciso Jaime Vicens Vives, que resulta que era de Girona, en las páginas 131-132, de su “Aproximación a la Historia de España”, apunta, con respecto a lo que Puigdemont dice y el PSOE comulga, que “el desescombro de privilegios y fueros benefició insospechadamente a Cataluña, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía”. O sea, que ahí empezó, sobre todo con la apertura de mercados americanos, la fortuna de Cataluña que llega a nuestros días. En ese paquete de ventajas el mismo historiador gerundés anota los propios beneficios que alcanzarían a las ferrerías vascas, gracias a la pujanza de capitales repatriados. Y en uno y otro caso, que debería anotar el PSOE, que es la vanguardia de la clase trabajadora, como dice Vicens Vives, a lo que se sumó la más cruda explotación “de las clases trabajadoras (del resto de España) que buscaban allí su supervivencia”.
¿Cómo se entiende que el PSOE haya firmado negociar el reconocimiento nacional de Catalunya y ahora también de lo que el padre del federalismo español, Pi i Margalll llama “provincias vascongadas? Con ERC, Sánchez acepta “el debate sobre el reconocimiento nacional de Catalunya y la forma de vehicular dicho reconocimiento a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático”. Nótese que esa fórmula no cita expresamente la Constitución. Y luego de las expresas cesiones a Junts y ERC, el remate lo pone el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y el representante del partido de Sabino Arana, donde se establece que se acepta negociar “un acuerdo, que deberá ser ratificado en consulta al pueblo vasco, sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España y el respeto a los derechos forales de los territorios vascos”. Pero aparte de las palabras hay que ver los efectos reales de lo que supone el desmembramiento del Estado, ya sea la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, o la de los impuestos que se recaudan en Cataluña, dotándole de facto de su propia Agencia tributaria.
