En su análisis sobre cómo el franquismo se transformó en una monarquía parlamentaria sin que fuera posible discutir la decisión de Franco de nombrar sucesor suyo, a título de rey, a quien le pareció oportuno, el célebre constitucionalista André Hauriou en su clásico tratado sobre Derecho Constitucional (que añade un estudio sobre la Constitución española), escribe: “La ley para la Reforma Política devuelve –en mera formalidad- la soberanía al pueblo español a cambio de que éste acepte (necesidad disfrazada de virtud) una soberanía del Rey, -sino previa, como mínimo coetánea- y el procedimiento por el que la voluntad popular, así limitada, deberá seguir en el caso de aspirar a una nueva legalidad fundamental o constitucional”.
La Ley para la Reforma Política no derogó ninguna de las Leyes Fundamentales de Franco, de modo que a través de que refrendo vino a legitimar la jefatura del Estado que Franco otorgara a su sucesor. Fue una magnífica obra de ingeniería jurídica, luego completada con la forma en que se santificó la monarquía en la Constitución de 1978.Solé Tura, ponente de la Constitución de 1978, afirmó en el Pleno del Congreso, durante el debate constitucional, que las consultas populares durante el régimen del general Franco, lejos de ser un instrumento de participación directa, fueron “montajes propagandísticos encaminados a legitimar un sistema político en el que el pueblo no tenía ningún poder efectivo”. Pero el sistema funcionaba y funcionó en 1976 y 1978.
Cabe analizar la propia ejecución de los planes que, desde el Gobierno de la Corona, se trazaron para obtener los resultados que interesaba: suprimir la posibilidad de debate sobre otras alternativas y, con especial cuidado, plantear las consultas (primero de la Ley para la Reforma Política, y más tarde de la propia Constitución que instauraba de manera definitiva la monarquía juancarlista), de modo que no cupiera otro resultado que el esperado. Sencillamente, fueron referendos con una única opción. O eso o nada.
Resulta esclarecedor el análisis del profesor Jorge de Esteban, quien señala las condiciones necesarias para lograr que el referéndum tenga "una validez realmente democrática", sobre todo que la pregunta no sea una trampa dialéctica; es decir, que esté perfectamente formulada, que sea inteligible para el hombre de la calle. Y sobre todo, que haya alternativas sobre las que elegir y libertad y acceso a los medios públicos para la oposición.
El repaso de los documentos, declaraciones, manifiestos, programas y otras manifestaciones de todo tipo de los actores con presencia en este proceso, desde la oposición democrática a los partidarios del Conde de Barcelona, los exiliados, los partidos democráticos proscritos y, en definitiva, de todos aquellos agentes políticos y sociales representativos de la oposición, entre el final de la guerra y la aprobación de la Ley para la Reforma Política y el posterior proceso constitucional, presenta –con ligeras variaciones- una misma coincidencia: que la salida del Franquismo se resolviera devolviendo plenamente la palabra al pueblo español, para que éste, en libertad, expresara su voluntad de construir un nuevo Estado, república o monarquía, como paso previo a todo proceso constitucional. Si hubo referendos en Italia, Grecia o Bélgica sobre asuntos semejantes, al final de la II Guerra Mundial, ¿por qué no en España?
En una conferencia pronunciada en París sobre el futuro de España, el 24 de octubre de 1975, cuando el mundo esperaba el desenlace definitivo de la muerte del Caudillo, Calvo Serer insistía en que Don Juan estaba en condiciones de ganar el plebiscito que, antes o después, tendría que decidir el futuro del país. Y el consejero del padre del sucesor del Caudillo pronosticaba: “En España, las circunstancias en las que se va a encontrar Juan Carlos harán que tenga que plebiscitar su destino, que quiérase o no estará unido a la suerte del franquismo”. De momento, el heredero del sucesor sigue la senda que trazó aquel señor de Ferrol en cuanto a la línea de sucesión que, “únicamente responsable ante Dios y ante la historia” y que “sin que la monarquía por él creada debiera nada al pasado”, decidió establecer.
Los españoles no tuvimos arte ni parte, como tan hábilmente nos hacen creer. Pero me temo que no es un asunto cerrado como tantos quieren creer y otros se resisten a aceptar.
