Los ataques a los jueces que vienen perpetrados de forma velada o directa por miembros del Gobierno de progreso y a todo jurista, analista o ciudadano que se oponga a la amnistía a los incursos en los procesos y las responsabilidades penales derivadas del procès, ha vuelto al primer plano de la actualidad el premonitorio aserto del presidente del Tribunal Superior de Castilla-León, José Luis Concepción, que el pasado mes de septiembre, con ocasión de la apertura del año judicial trazó, al final de su discurso un desolador panorama sobre el futuro del Estado. Se refería a las previsibles consecuencias de la deslegitimación de la Justicia en su conjunto, a partir de las que podrían afectar, si los procesos no siguieran su curso ordinario. Motejos descalificadores como “jueces justicieros”; “sentencias excesivas”, “injusta persecución judicial de Puigdemont y otros independentistas”, necesidad de “desjudicializar el procès”, “conveniencia del alivio penal a los implicados”, son, entre otras, expresiones usadas de forma continua por miembros del Gobierno, dirigentes de los partidos coaligados y sus consocios y otros que comparten los mismos puntos de vista.
Lo más insólito es que el propio presidente en funciones, doctor Sánchez, a quien le parecía poco calificar de “sedición” la conducta de los que luego indultaría, y que suprimiría del Código Penal, elevando aquélla a “rebelión”, llegue a decir que el procesamiento penal de Puigdemont fue un error, que el asunto no debería haber salido de ámbito de la política, pese a que él mismo estuvo de acuerdo con la aplicación del artículo 155 que ahora se considera inadecuado, al tiempo que se culpa, como hace su portavoz, del conflicto catalán al propio Gobierno de la época que, por lo que se ve, debería haber cedido a las pretensiones de Mas o la declaración de independencia de Puigdemont y Junqueras, sin poner en marcha los procesos judiciales.
En septiembre pasado, el magistrado Concepción, terminó su discurso con estas palabras: “Hace ahora más de 2 100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Verres II, 5,12, afirmó con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación”.
Las palabras de este juez siguen resonando con enorme fuerza por la precisión de su análisis sobre la descomposición del Estado, a su entender, “eliminar la efectividad de las resoluciones judiciales mediante el interesado ejercicio del Derecho de Gracia [aparte de considerar la amnistía fuera de la Constitución] además de socavar los cimientos del Estado de Derecho, conlleva la quiebra del Principio de Igualdad en la Ley y ante la Ley que garantiza nuestra Constitución a todos los españoles y que por mor de estas arbitrariedades ha quedado convertido en letra muerta”. Este magistrado recordaba la obra de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, “Cómo mueren las democracias”, en el que sostienen que “en los tiempos actuales su desmantelamiento no se produce súbitamente, por un acto violento o dramático, sino que se desarrolla de una manera paulatina, al principio imperceptible para muchos ciudadanos, en el que se va provocando una erosión gradual de las normas y una manipulación sistemática de las instituciones; en el que las élites políticas abandonan su compromiso con las normas democráticas y priorizan la lealtad partidista sobre la democracia misma”.
Concluye que de otorgarla es reconocer que los sediciosos que tenían derecho a hacer lo que hicieron, que fue el Estado quien obro de forma inadecuada al aplicar la ley común vigente, lo que “sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho, dejar al albur de su sola voluntad la repetición de las conductas delictivas que realizaron y, lo que no es baladí, poner en entredicho la labor judicial realizada cuando no consistió sino en la estricta aplicación de la norma promulgada con arreglo a los cauces legales. Sería bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra la propia Constitución y admitir que la respuesta penal que se dio con la Ley en la mano fue injusta”.
