Seguramente, en la mañana de este jueves tendremos datos –de los que cuando escribo ahora carezco– que abonen el profundo cambio que se va a producir en la política española. Arriesgando un poco, o bastante, me atrevo a pronosticar que Junts per Cat acabará, de una u otra forma, cediendo su apoyo al PSOE para que la balear Francina Armengol presida la Mesa del Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la tercera autoridad protocolaria del Estado, tras el Rey y el presidente Sánchez. Y me arriesgo a poner sobre la mesa esta apuesta porque existen indicios de que la negociación subterránea (hasta ahora, al menos) entre los 'enviados especiales' del Gobierno central y los de Puigdemont avanza en puntos que son sustanciales exigencias del fugado de Waterloo para dar su 'sí' a la constitución de la Cámara Baja primero y a la investidura de Pedro Sánchez después. Tomemos, por ejemplo, el tema de la amnistía, crucial, al parecer, en las conversaciones con Junts.
"Llámalo olvido, no amnistía", me dijo, hace unas horas, un veterano que pienso que está bastante al tanto de lo que se haya venido cociendo entre bastidores ya desde el 24 de julio, el día siguiente a las elecciones. Tres semanas locas con apariencia superficial de vacacionales. Lo primero, ganar la batalla de la comunicación, señalando que la amnistía no es inconstitucional (hay no poco debate al respecto entre constitucionalistas y medios) y que todo consistiría en un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados para 'olvidar' lo ocurrido aquel aciago mes de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró una independencia de Cataluña que no duró ni un minuto.
Cierto, el artículo 62 de la Constitución prohíbe los 'indultos generales', pero para nada habla de la amnistía. ¿Lo que no se cita en la ley fundamental es lícito o ilícito? Un razonamiento lógico llevaría a pensar que, si se prohíben los indultos generales, más aún se ilegalizaría una amnistía general, que es gracia superior a la del indulto, porque supone borrar por completo las trazas del delito, no solamente perdonarlo. Está claro que los 'padres de la Constitución' no pudieron prever ni siquiera imaginar el actual embarullamiento caótico de la política española. La 'batalla leguleya' se aproxima, cuando por ejemplo alguien como Iván Redondo, ex 'hombre fuerte' en La Moncloa junto a Sánchez, se decanta abiertamente por la 'reconciliación' que supondría la amnistía. Y a la voz de Redondo, devenido ahora en articulista, se unen otras de políticos como Enrique Santiago, de Sumar, entre las más destacadas.
¿Se prepara a la opinión pública para este nuevo salto, que acabaría con Puigdemont paseando triunfal por el Paseo de Gracia barcelonés? Sí lo creo, aunque desde luego me resulta difícil compartir los argumentos pro-amnistía de gentes como las citadas o las de juristas como Javier Pérez Royo o Martín Pallín. O, incluso, los divulgados a través de redes sociales o 'cartas al director', de inequívoca intención, en determinados medios. Pienso que, contra lo que ocurrió con los indultos a los inculpados del 'procés' o con las reformas del Código Penal en cuanto a sedición y malversación, una amplia amnistía 'pura y dura' provocaría un inmenso revuelo político, y Sánchez lo sabe.
¿Qué es, pues, lo que se está negociando en los subterráneos? ¿Un 'olvido' en pequeñas dosis? ¿Alguna salida por la puerta de atrás? ¿Agitar un debate confuso entre juristas, lo mismo que ourrirá sin duda en el caso del referéndum sobre la secesión? Dentro de pocas horas empezaremos a tener las claves, pese al oscurantismo oficialmente imperante (ni siquiera se permitió este miércoles la proximidad de los medios a la entrada de la reunión de la Ejecutiva del PSOE), lo que es símbolo inequívoco de que no todo lo que se transa en lo que el mismo Puigdemont llamó una 'subasta' sería divulgable sin provocar el escándalo. Discreción, discreción, cuántos desmanes se cometen en tu nombre... Menos mal que nos queda el fútbol femenino para cubrir el orgullo patrio.
