Hace años ya que pienso que la mejor manera de dar la espalda a la Constitución que ahora cumple su 45 aniversario es cerrarse en banda y negar que deba reformarse en algunos aspectos. Nuestra ley fundamental ha cumplido un enorme papel en el desarrollo político y hasta moral de la nación, pero lo cierto es que en no pocos aspectos resulta cada vez más discutida: al menos una decena de artículos y quizá hasta tres Títulos han provocado debates y controversias de gran calado y, hasta ocasionalmente, de gran encono, con la amnistía y la renovación del poder judicial en el frontispicio de la polémica. La pereza de una clase política timorata ha ido retrasando hasta ahora y desde hace bastante tiempo cualquier reforma necesaria, incluso aunque no fuese de calado, de un texto que ya no corresponde a aquel 'espíritu del 78', que ha estallado en pedazos desde hace al menos un lustro.
La tradicional celebración de un nuevo aniversario de la Constitución en el Congreso, el próximo miércoles, se enmarcará en la situación política más delicada, más inestable, más controvertida, que se haya vivido acaso en décadas, y mira que en España apenas pasa un día, desde hace mucho tiempo, sin que encontremos titulares políticamente escandalosos. Ya solamente el hecho de que el aniversario constitucional coincida con el quinto del incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 122 sobre la renovación del poder judicial es lo suficientemente significativo de cómo andan las cosas. Y eso, para no citar la enorme polémica sobre si la amnistía a los encausados en el 'procés' se ajusta o no a los parámetros de la ley fundamental, cuestión sobre la que muchos que ayer decían una cosa hoy afirman la contraria, en función de las conveniencias del momento.
Un repaso somero por los artículos de la Constitución —que es algo que cualquier comentarista debe hacer cada vez con mayor frecuencia—nos lleva a la conclusión de que hay artículos claramente superados —como el que habla del servicio militar obligatorio, suprimido hace más de veinte años, o el que califica de "disminuidos" a los discapacitados—; o muy polémicos —como el 122, que se refiere a la renovación del gobierno de los jueces y a la composición del poder judicial—; o ambiguos —como el 99, sobre las consultas reales para llegar a una investidura—; inciertos —como el 62, que prohíbe los indultos generales sin hablar de la amnistía—. O, simplemente, incumplidos. Por ejemplo, el 115, que exige la convocatoria del Consejo de Ministros antes de disolver las Cortes para convocar elecciones generales, cosa que Pedro Sánchez no hizo en esta última ocasión.
Varios Títulos, como los que se refieren a la Corona —en especial, al artículo 57, sobre la sucesión al trono, que da prioridad al varón sobre la mujer—, o a las cortes generales o, sobre todo, a las autonomías, que ni siquiera están citadas en el texto constitucional, han sido y están siendo objeto de estudio —al menos teórico— sobre su más o menos deseable actualización por parte de constitucionalistas de muy diversas tendencias. Y existen también artículos varios, como el 151, que habla sobre el referéndum autonómico en el caso de un nuevo Estatuto, que serán, sin duda, traídos a colación en procesos ulteriores dentro de las delicadas negociaciones en curso con los partidos secesionistas catalanes. Unas negociaciones que la oposición, algunas instituciones y no pocos medios piensan que se sitúan al borde de una Constitución que una de las partes negociadoras simplemente no reconoce.
Este es ahora, sin poder entrar en una casuística más detallada, el panorama de una Constitución que habrá de ser forzosamente 'reparada' en los próximos años para adecuarla al trepidante cambio de la vida política española, de Europa y a la enorme transformación que en todos los órdenes están experimentando nuestras vidas. Pese al estancamiento de cualquier posible pacto reformista y regenerador entre las dos principales formaciones política españolas, qué duda cabe de que en algún momento llegará el gran acuerdo nacional para fortalecer en nuestra legislación a la Corona y la forma del Estado y definir mejor la territorialidad de España. Por eso me he atrevido a titular que esta, en su literalidad —ojalá se mantenga en su base, aunque con las imprescindibles reformas—, no será la Constitución que sustente el reinado de Leonor I; quizá sea, en su estructura, la misma, pero modernizada y adecuada a los nuevos tiempos que vamos a vivir. Lo que hoy tenemos, con casi medio siglo glorioso a sus espaldas, corre el riesgo de dejar de ser útil en un plazo no demasiado largo.
