Vienen días políticamente agitados, por si la agitación política que sufrimos fuese poca. La gran batalla, anticipada este domingo en las calles de cincuenta y dos ciudades españolas en manifestaciones organizadas por el PP, tendrá lugar el martes, en el hemiciclo del Congreso, con un único punto en el orden del día: el debate y, en su caso (segura) aprobación de la "proposición de ley orgánica sobre la amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña". Así reza el anunciado de esta ley, que contiene nueve páginas de introducción 'justificadora' y dieciséis artículos pactados puntualmente entre el Gobierno central y las formaciones independentistas catalanas Junts y ERC. Claro, la batalla será más larga: quedan el Senado, las acciones judiciales, lo que pueda o no decir Europa, donde, sin embargo, esta cuestión motiva bastante poco. Pero el final de la película está claro.
Sospecho que en el debate parlamentario del martes van a surgir con encarnizamiento todas esas cuestiones que, durante los dieciocho días que ha durado la tramitación de la proposición de ley, han ido aflorando: el secretismo negociador, las exigencias de Puigdemont, las 'líneas rojas' constitucionales (en la ley se asegura la constitucionalidad de la amnistía, por supuesto), la definición de lo que es o no terrorismo, el papel de los jueces, el papel de Europa, el espionaje a los independentistas, etcétera. Un Gobierno puesto en solfa por una oposición que sabe que perderá la votación en la Cámara Baja y que, aunque luego la gane en la Cámara Alta, la amnistía será un hecho dentro de pocos meses y el fugado Puigdemont podrá, libre de polvo y paja, regresar a Cataluña a entonar el 'ja soc aquí' y presentarse, si tales son sus planes, como candidato a la presidencia de la Generalitat catalana. Este es el panorama más probable, salvo sorpresas, que nunca pueden descartarse en la inestable, ondulante, política española.
Y, al día siguiente, miércoles, la vergonzante mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, entre los representantes del PP (Esteban González Pons) y PSOE (Félix Bolaños) para solucionar el incumplimiento constitucional, que lleva ya más de cinco años, sobre la renovación del gobierno de los jueces. Un tema que acabará en acuerdo forzoso, previsiblemente, porque a Europa, digo yo, vamos, no se le da con la puerta en las narices, por muy mal que se lleven los dos principales partidos nacionales y por mucho que los jueces sean terreno propicio a la confrontación.
Naturalmente, el Gobierno presentará ambos frentes (también la 'mediación' europea) como un triunfo, algo que ya sugería este domingo Pedro Sánchez en una entrevista concedida a La Vanguardia, tratando, por un lado, de contrarrestar el efecto de las manifestaciones callejeras y, por otro, de preparar el ambiente ante el gran 'show' (vamos a llamarlo así) parlamentario que viene. Un 'show' que no es uno más de los muchos espectáculos lamentables que se nos vienen dando desde el Legislativo, sino acaso la confrontación de mayor calado que se haya registrado entre las 'dos Españas'.
Para Sánchez, obviando declaraciones suyas anteriores, la ley de amnistía es "un paso trascendente de la democracia española que demuestra los principios y valores de nuestra Constitución" y que contribuirá a normalizar las relaciones con una parte sustancial de Cataluña. Para Núñez Feijóo, la amnistía viene a mostrar que la Constitución ya no existe, que el Congreso no sirve y que la situación, con las concesiones a Puigdemont, es insostenible.
Ya digo: dos Españas, dos visiones de la Constitución, dos horizontes que parecen irreconciliables. ¿Hasta cuándo?
