Pedro Sánchez está empezando a pagar el precio en el que los separatistas tasaron el apoyo a su investidura. La creación en el Congreso de comisiones de investigación para revisar las sentencias de los jueces en los juicios relacionados con los encausados por el golpe del "procés" y la participación de un verificador internacional encargado de vigilar el cumplimiento del pacto suscrito con Carles Puigdemont.
Las comisiones parlamentarias son un instrumento político cuya principal finalidad es amedrentar a los jueces. Las incalificables condiciones del pacto suscrito entre el PSOE y Junts por el que Sánchez hace suyo el relato de los golpistas que señala al Estado como responsable de los sucedido en Cataluña en el otoño del 2017 -el mundo al revés- desembocan en la humillación que supone la creación de las citadas comisiones.
Similar humillación por lo que comporta de cesión de soberanía apareja la puesta en marcha (con reuniones en Suiza) de otra comisión, esta creada para verificar el cumplimiento del pacto bajo la supervisión de un mediador internacional. Cataluña no es un territorio a descolonizar, es desde hace siglos una parte de España y la figura del "verificador" o relator internacional es una ofensa a todos los españoles.
Que la ambición de un solo individuo haya colocado a todo un país en esta situación da qué pensar. Sobre todo sí recordamos en que todo este lamentable escenario político obedece a la necesidad que tenía Pedro Sánchez -el perdedor de las elecciones del 23 J-, para conseguir los siete votos que le hacían falta para lograr la investidura y mantenerse en el poder. Nada que ver con el cínico discurso que pretende justificar las cesiones a los separatistas y la ley de amnistía asegurando que es una medida que ayudará a la reconciliación en Cataluña. Antes de ayer, en un rapto de sinceridad, así lo reconocía Oscar Puente, flamante ministro de Transportes.
Sánchez no tiene límites ni memoria porque el mismo mantra de la "reconciliación" ya lo había puesto en circulación en la legislatura anterior cuando para obtener el apoyo de ERC, el otro partido separatista catalán, cambió el Código Penal, suprimió el delito de sedición, rebajó las penas por malversación e indultó a los líderes del golpe del "procés" que habían sido condenados por el Tribunal Supremo.
Ahora, Sánchez ha puesto en manos de los enemigos de la Constitución un instrumento, las comisiones parlamentarias de investigación que, con el argumento de que quieren revisar si los jueces practicaron "lawfare", persiguen amedrentar a los jueces intentando desacreditar sus sentencias, humillando de paso al Estado contra el que se rebelaron. La afrenta no ha hecho más que empezar porque después de la comisiones y el verificador vendrá la reclamación del referéndum de autodeterminación. Poco a poco iremos conociendo el calado de la humillación a la que la ambición de Pedro Sánchez está sometiendo a todo un país.
Las comisiones parlamentarias son un instrumento político cuya principal finalidad es amedrentar a los jueces. Las incalificables condiciones del pacto suscrito entre el PSOE y Junts por el que Sánchez hace suyo el relato de los golpistas que señala al Estado como responsable de los sucedido en Cataluña en el otoño del 2017 -el mundo al revés- desembocan en la humillación que supone la creación de las citadas comisiones.
Similar humillación por lo que comporta de cesión de soberanía apareja la puesta en marcha (con reuniones en Suiza) de otra comisión, esta creada para verificar el cumplimiento del pacto bajo la supervisión de un mediador internacional. Cataluña no es un territorio a descolonizar, es desde hace siglos una parte de España y la figura del "verificador" o relator internacional es una ofensa a todos los españoles.
Que la ambición de un solo individuo haya colocado a todo un país en esta situación da qué pensar. Sobre todo sí recordamos en que todo este lamentable escenario político obedece a la necesidad que tenía Pedro Sánchez -el perdedor de las elecciones del 23 J-, para conseguir los siete votos que le hacían falta para lograr la investidura y mantenerse en el poder. Nada que ver con el cínico discurso que pretende justificar las cesiones a los separatistas y la ley de amnistía asegurando que es una medida que ayudará a la reconciliación en Cataluña. Antes de ayer, en un rapto de sinceridad, así lo reconocía Oscar Puente, flamante ministro de Transportes.
Sánchez no tiene límites ni memoria porque el mismo mantra de la "reconciliación" ya lo había puesto en circulación en la legislatura anterior cuando para obtener el apoyo de ERC, el otro partido separatista catalán, cambió el Código Penal, suprimió el delito de sedición, rebajó las penas por malversación e indultó a los líderes del golpe del "procés" que habían sido condenados por el Tribunal Supremo.
Ahora, Sánchez ha puesto en manos de los enemigos de la Constitución un instrumento, las comisiones parlamentarias de investigación que, con el argumento de que quieren revisar si los jueces practicaron "lawfare", persiguen amedrentar a los jueces intentando desacreditar sus sentencias, humillando de paso al Estado contra el que se rebelaron. La afrenta no ha hecho más que empezar porque después de la comisiones y el verificador vendrá la reclamación del referéndum de autodeterminación. Poco a poco iremos conociendo el calado de la humillación a la que la ambición de Pedro Sánchez está sometiendo a todo un país.
