Miedo da el mero hecho de que Junts (independentistas de derechas con siete escaños decisivos en el Congreso) se preste a hablar con el PSOE y con el PP sobre la gobernabilidad del Estado.
Hablamos de un partido cuya estrategia, ocasionalmente vinculada a la situación personal de un prófugo de la Justicia, consiste en la negación de ese Estado. Y de un Estado cuyos partidos centrales descansan sobre un colchón parlamentario equivalente a casi el 75% del Congreso (258 diputados) y sociológico del 65% de los votantes (16 millones) en las últimas elecciones generales.
Sin embargo, Sánchez y Feijóo no se hablan. La comunicación entre los dirigentes que representan los pilares de la centralidad es inexistente. Solo se encuentran en el charco, la bronca y la mutua falta de respeto que se profesan. Ergo, la estabilidad del país depende de minorías extremistas, siendo decisivas las de aversión declarada al vigente orden constitucional con tendencia a favorecer el Gobierno de quien no ha ganado dichas elecciones.
Así, el Gobierno que salga del Congreso tras la consiguiente fumata blanca en la sesión de investidura (después del verano), saldrá inseguro y tambaleante desde el minuto uno, a merced de fuerzas abonadas a la deslealtad constitucional que las define.
Y todo eso ocurre porque lo que describo en las líneas anteriores retrata una anomalía del sistema. O, como dicen los arquitectos, un vicio oculto en la constitución del vigente edificio constitucional. El que permite a Junts (siete diputados frente a los 258 instalados en la centralidad) reclamar de un eventual Gobierno PSOE-Sumar una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación como condición para apoyar a Sánchez.
Ese es el punto de partida en la negociación que el bloque de la izquierda ha encargado a Jaume Assens (Sumar) para conseguir el apoyo de los diputados de Junts teóricamente sometidos a la obediencia del prófugo de Waterloo. Aunque estamos atentos a la pantalla, hemos de remitirnos a la contundente posición de Sánchez cuando proclama a los cuatro vientos que "los independentistas piden amnistía y autodeterminación, pero no han tenido ni tendrán ninguna de las dos cosas".
Tampoco es anomalía de menor cuantía el hecho de que Junts anteponga lo identitario a lo ideológico. No es el caso de la derecha nacionalista vasca (PNV), que sí ha puesto por delante una cuestión ideológica al anunciar su rotundo no a un Gobierno del PP asociado a la ultraderecha.
Tampoco es el caso de las dos izquierdas nacionalistas, ERC y Bildu, conjuradas estratégicamente para impedir a toda costa un Gobierno de la derecha, sin perjuicio de mantener vivas sus aspiraciones independentistas por la vía del diálogo, la negociación y los atajos de nunca acabar.
