El juez que ordenó el pasado miércoles la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que aprobó el Parlament y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). En un auto de entrada y registro de la operación, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre "actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña".
El juez busca documentación relacionada con las tres partidas presupuestarias, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, aprobadas por el gobierno catalán para la celebración del referéndum y suspendidas por el Constitucional, en junio, después de que el Gobierno las impugnara. En su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particular y profesional de los investigados e inspeccionar "la totalidad de archivos, muebles y habitáculos" existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con "el referéndum y la creación de estructuras de Estado".
multas de 12.000 euros
A su vez, el TC multó con 12.000 euros diarios a Josep Maria Jové, uno de los aún detenidos, y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña encargados del seguimiento del 1-O, con lo que aplicó por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. n
