Agentes de la UCO registran locales del exdirigente popular, que hoy pasará a disposición judicial
nnn La defensa de Eduardo Zaplana solicitó a la juez que ordenó el martes su detención que lo ponga en libertad debido a la leucemia que padece, una petición a la que se opuso la Fiscalía, mientras la investigación, a la espera de que los arrestados pasen hoy a disposición judicial, se centró ayer en el despacho que el exministro tenía en Telefónica. Después de asistir al registro de su oficina en la Gran Vía de Madrid, Zaplana fue trasladado de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos para pasar la noche y está previsto que mañana pase ya junto al resto de detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado del caso, según señalaron fuentes de la investigación.
La petición de los abogados de Zaplana se fundamenta en su estado de salud, pues en 2015 se le diagnosticó una leucemia y, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el Hospital de la Fe de Valencia, aunque la Fiscalía decidió oponerse debido a que el martes fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros.
registros domiciliarios
Zaplana fue detenido a primera hora de la mañana del martes y desde entonces estuvo custodiado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estuvo presente en los registros de sus domicilios y de su oficina y ayer pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia. En la tarde de ayer, agentes de la UCO se dirigieron a las oficinas de Telefónica de la Gran Vía madrileña junto a Zaplana, donde permanecieron durante algo más de dos horas. El exministro fue arrestado en el marco de la operación Erial por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo junto a otras seis personas, entre ellas dos sobrinos de Juan Cotino, ex director general de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes. .
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones ilegales.
La operación se desencadenó a partir de la repatriación de parte de ese dinero, oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Eduardo Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
En España, Zaplana contó con la ayuda de otro de los detenidos: Joaquín Barceló, mano derecha y testaferro del exministro, según los investigadores. Éste habría camuflado parte del botín en varias sociedades inmobiliarias de las que era administrador. Unos papeles aportados en el juzgado por el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, al inicio de esa conocida causa en Valencia, y que a su vez le había entregado un imán sirio, han sido el origen de la investigación. El imán los habría encontrado en un falso techo al hacer obras en su casa, en el edificio de La Pagoda de Valencia, una vivienda que había pertenecido al exministro
