Una persona a la que quiero mucho y en la que confío ciegamente, me dijo hace ya algún tiempo que me sosegara y que me fiara de Europa sobre la que, eso me dijo, se depositaría la responsabilidad última capaz de desbaratar este disparate inacabable y trágico que trataremos de concentrar en uno llamándolo el “asunto catalán”, con sus correspondientes situaciones complementarias. A pesar de que los resultados del ciclo pasado no me inclinaban a confiar en esa Europa que parecía insensible al cariz adoptado por la situación, e incluso inclinada a respaldar el procés y amparar a su inspirador Puigdemont, los últimos capítulos del sainete permiten atisbar un cambio de postura que abre puertas a la esperanza e indica un tímido pero perceptible cambio de sentido en las valoraciones que los organismos continentales están empezando a adoptar en relación con tan espinoso tema. Confieso por tanto que voy a empezar a creer que será Europa quien acabe con esta locura, cuyas consecuencias no creo que la sociedad española esté calibrando en razón de la magnitud y gravedad que el caso merece.
Esta posibilidad que se plasma en las primeras intervenciones serias de organismos competentes europeos en la política interna nacional proclama en mi opinión dos cosas. Por una parte, que las instituciones comunitarias y los países que las conforman se han percatado por fin de la terrible amenaza implícita en estos procesos alentados por fuerzas independentistas. Se manifiesta con más rigor que nunca antes, ahora que estas instancias se han convencido de que, en su deriva desprovista por completo de ética y sentido común, los políticos independentistas catalanes son capaces de abrir puertas a pactos con enemigos irreconciliables del sistema parlamentario europeo, por ejemplo, la Rusia de Putin, lo que ha forzado a la instituciones de la Unión Europea a una reacción aunque tardía al menos fulminante. Pero también proclama, para nuestra vergüenza, otra hipótesis. Aquella que manifiesta la pasividad española, incapaz de tomar decisiones comunes en consonancia con la gravedad de los acontecimientos. Si son las instituciones europeas las encargadas de detener esta deriva irracional, las nuestras lo van a pagar caro. La última de sus conclusiones ha sido instar a los jueces españoles a que actúen, lo que implica o acusarlos de parálisis o denunciar que el principio de independencia se ha quebrado. Que bochorno.
Esta posibilidad que se plasma en las primeras intervenciones serias de organismos competentes europeos en la política interna nacional proclama en mi opinión dos cosas. Por una parte, que las instituciones comunitarias y los países que las conforman se han percatado por fin de la terrible amenaza implícita en estos procesos alentados por fuerzas independentistas. Se manifiesta con más rigor que nunca antes, ahora que estas instancias se han convencido de que, en su deriva desprovista por completo de ética y sentido común, los políticos independentistas catalanes son capaces de abrir puertas a pactos con enemigos irreconciliables del sistema parlamentario europeo, por ejemplo, la Rusia de Putin, lo que ha forzado a la instituciones de la Unión Europea a una reacción aunque tardía al menos fulminante. Pero también proclama, para nuestra vergüenza, otra hipótesis. Aquella que manifiesta la pasividad española, incapaz de tomar decisiones comunes en consonancia con la gravedad de los acontecimientos. Si son las instituciones europeas las encargadas de detener esta deriva irracional, las nuestras lo van a pagar caro. La última de sus conclusiones ha sido instar a los jueces españoles a que actúen, lo que implica o acusarlos de parálisis o denunciar que el principio de independencia se ha quebrado. Que bochorno.
