El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, emitía ayer una disposición por la cual prorroga el procedimiento referido al llamado “caso Volhov”, que investiga las posibles relaciones entre determinadas células de la inteligencia rusa con personalidades del entorno más íntimo del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El magistrado explica las razones por las que resuelve prolongar el tiempo dedicado a este episodio, en razón de la complejidad del tema y la gran cantidad de documentación necesaria de ser revisada para su esclarecimiento. El procedimiento afecta al ex dirigente del CDC, Víctor Taradellas y al jefe de la oficina de apoyo del propio dirigente catalán en el exilio, Josep Lluis Alay, ambos estrechos colaboradores de Puigdemont en su refugio de Waterloo. Estos documentos parecen acusar al ex presidente huido, de colaborar con los servicios secretos rusos en misiones estratégicas de desestabilización de la Unión Europea y Ucrania, llevadas a cabo en 2017 fecha en la que comenzó a sustanciarse el Procés, según manifiesta el documento. Los datos que maneja el juzgado son, al parecer, inequívocos y están enriquecidos por el reciente incremento de información, facilitado por una fuente anónima que ha aportado pruebas difíciles de rebatir, que demuestran reuniones entre Puigdemont y sus colaboradores más estrechos (Elisa Artady y Víctor Tarradellas concretamente) celebradas en octubre de aquel año con enviados del Kremil en la propia residencia del presidente catalán en la que le fueron prometidos medios técnicos, 100.000 soldados rusos y enjugar la deuda contraída con el Estado español a cambio de allanar el camino para implantar en nuestro país un mercado fraudulento de criptomonedas y la modificación del sistema monetario y financiero del país.
Cada mañana comenzamos a atisbar todo un entramado de oscuridad y secretos inconfesables que afecta especialmente al periodo de tiempo en el que la causa independentista cobró verdadero impulso, y en cuya complejidad siniestra se ha personado por fin la Justicia. En esas condiciones, no solo el país sino Europa entera a cuya órbita pertenecemos, debe impedir la concesión de una amnistía cuya máxima extensión exige el bando de la independencia para tratar de borrar el rastro terrible de estos criminales hechos. Se está, espero, en ello. Y espero también que anule el plan de acepción y blanqueo de la independencia.
