Hacía mucho tiempo que la Judicatura y el propio ordenamiento jurídico no estaban expuestos a una cadena de sucesos tan contradictorios como los que hoy se concatenan para plagar de titulares todos los espacios informativos escritos, vistos o radiados. Nunca como en estas fechas, jueces y fiscales han estado tan presentes en las corrientes de opinión públicas, y nunca como hasta ahora sus comportamientos han despertado el interés y la polémica en espacios de debate cotidianos, antes exclusivamente guardados para temas de puro encuentro cotidiano, por ejemplo si aquella jugada fue o no fue penalti. Pero además de suscitar un profundo debate en ámbitos que no solían incluir entre sus asuntos del día temas relacionados con el proceder de los cuerpos jurídicos y ciertos argumentos penales, lo que comienzan a introducir semejantes situaciones es un abanico cada vez más poblado de dudas respecto a la fiabilidad o no de una justicia que está expresando permanentes cambios de opinión, dudas profundas en el enfoque de sus decisiones, titubeos, desavenencias, vínculos inaceptables con el sector político, y expresiones que mudan de color de un día para otro. En definitiva, la Justicia debería ser una y así es como la queremos para nosotros, pero los encargados de administrarla son otros, lo que no deja de llamar la atención y de crear desazón en los usuarios. Ayer, una mayoría de los fiscales que componen la Junta se mostraron en franco desacuerdo con un fiscal general, dispuesto a cualquier cosa para preservar el criterio del Gobierno en cuestiones relacionadas con la aplicación del principio de Amnistía con el que desea recompensar a los procesados catalán. Este confuso episodio se refuerza con el extraño comportamiento del fiscal del Supremo, que ha cambiado de parecer en cuestión de horas y de votar en contra del fiscal general ahora vota a favor, mostrando dos pareceres contrarios de la noche a la mañana. Estas frivolidades no solo señalan a los magistrados y miembros del ministerio público como personajes sin criterio que se expresan según sople el viento, sino que crean zozobra. Y no es para menos. La politización irresponsable de todo un colectivo que administra justicia proclama la ruptura de su calidad de independientes. Si al pueblo soberano le ofrece la Magistratura signos de debilidad, dependencia y criterio mutable, apaga y vámonos.
