Así respondió el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, cuando le preguntaron si el Gobierno piensa conceder el indulto al expresidente de Baleares Jaume Matas. Pero es una expresión que recuerda tanto a aquella de OTAN, de entrada no, que se trata de una cuestión abierta que, por lo pronto, cuenta ya con el informe favorable del fiscal para que no se le encarcele hasta que se sepa la decisión del Ejecutivo, al que se le amontonan sobre la mesa peticiones de indulto para que no entren en la cárcel delincuentes condenados por casos de corrupción. Mientras, la oposición multiplica sus iniciativas para revisar la norma por la que se conceden los indultos, que procede del último tercio del siglo XIX.
Tanto Jaume Matas, como el abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido, condenado a siete años en el caso Minutas, por los abusos en el ayuntamiento de Marbella y que ante la perspectiva de entrar en la cárcel está dispuesto a pagar ya la responsabilidad económica que conlleva la sentencia- han solicitado el indulto por los efectos desocializadores, o por razones humanitarias y los perjuicios para su familia, y en definitiva, porque su encarcelamiento no serviría para cumplir el artículo 25 de la Constitución que establece que la penas de prisión deben estar orientadas a la reeducación y la reinserción social, dado que ellos se encuentran bien socializados, con arraigo familiar, laboral y afectivo. Bajo este punto de vista sería casi obligatorio la concesión del indulto a todos los acusados de corrupción político-económica.
Pero frente a este mandato se levanta la propia sentencia a nueve meses de cárcel de Jaume Matas por un delito de tráfico de influencias en la que el tribunal sentenciador subraya que , 'en estos casos más que en ningún otro los jueces y tribunales, en nuestra labor de defensa del Estado de Derecho, debemos pronunciarnos contra quienes lo degradan y corrompen, conduciendo la corrupción de los políticos a la desconfianza de la sociedad en ellos, debiendo la pena impuesta cumplir una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma infringida por el delito'.
Este es un caso paradigmático de falta de ejemplaridad en la vida pública de los que han afectado al prestigio de la política y de las instituciones, como apuntó el rey en su mensaje navideño, y el Gobierno tiene una papeleta difícil de resolver al menos en dos casos. Jaume Matas en su día fue puesto como ejemplo de buena gestión por la dirección de su partido mientras se enriquecía de forma ilícita y si procede al indulto será difícil que pueda huir de las críticas de trato de favor. Lo mismo en el caso del exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Hernández Mateo, cuyo indulto ha sido solicitado por el 85% del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.
Aunque llegara a aprobarse alguna de las distintas iniciativas de la oposición para limitar la concesión de indultos en los casos relacionados con la corrupción de políticos o gestores públicos no les afectaría, por lo que la decisión queda en manos del Ejecutivo, que de darles curso positivo no haría sino aumentar la indignación ciudadana, y también entre los jueces, porque supondría una vulneración del principio de igualdad ante la ley y aumentaría la sensación de impunidad de la clase política y económica al tiempo que la desafección con las instituciones de la que también advertía el rey. Y desde luego si hay delitos que causan una grave alarma y desánimo social esos son los relacionados con la corrupción.
