Vaya por delante mi felicitación, a la nueva Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.Tarea por delante tiene...y mucha.Y si, se tendrá que dialogar y consensuar con Galicia el desarrollo de las políticas incluidas en la Ley de Vivienda.Una norma fallida que necesita modificaciones de calado. Modificaciónes y aclaraciones que, de entrada, el nuevo Ministerio de Vivienda tendrá que articular con el INE y las CCAA para el índice de precios de referencia, el cual permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas,entre otras cuestiones.Por lo que espero y deseo que se celebre lo antes posible una mesa de diálogo entre la Xunta de Galicia y el ministerio de Vivienda para tal fin. Y en este punto quiero recordarles que, en el Estatuto de Autonomía de Galicia, - en su artículo 27, punto tres-, dice literalmente;"corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda", estando ya las competencias de vivienda transferidas de hace años a nuestra comunidad autónoma.Lo que permite que se planifiquen y ejecuten políticas de vivienda como las aprobadas la anterior semana,y que van en la línea de incrementar el parque de vivienda pública en un 50 % con una inversión total de 250 millones. Lo cual, si, es un plan de choque acorde a las necesidades reales de la ciudadanía gallega.Y que se refuerza a mayores con la aprobación de rebajar el Impuesto de Trasmisión Patrimonial del 8 % al 6 % en el tipo general ,y del 6 % al 4 % en las zonas poco pobladas ,como ayuda a las rentas medias de una manera efectiva.
Por todo ello, debo recordar también, que en el complejo y preocupante contexto nacional, cualquier cesión tributaria a una Comunidad Autónoma debe producirse dentro del marco constitucional. Ya que el artículo 156 contempla los principios de la Hacienda Estatal y de solaridad entre todos los españoles, y es exclusivamente con respecto a los mismos en los que se puede desarrollar la autonomía financiera de la totalidad de las Comunidades autónomas de régimen común. Porque una desigualdad en materia fiscal, es una desigualdad económica, laboral, y empresarial. Que derivaría en Comunidades autónomas de primera y Comunidades autónomas de segunda.En la cual, Galicia queda en un escenario económico, industrial y empresarial claramente perjudicial para los intereses generales de los 2.700.000 gallegos y gallegas que aquí vivimos y trabajamos. Y lo manifesto así de claro ante las pretensiones económicas, tributarias,y fiscales, de las Comunidades Autónomas catalanas y vascas.
En conclusión, diálogo y consenso siempre por delante. Acatamiento de la Ley de vivienda, guste o no. Pero defensa de los intereses generales, siempre.Por lo que, si el diálogo no cristaliza, el gobierno de Galicia debe recurrir la Ley Estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por invadir frontalmente las competencias exclusivas de nuestra Comunidad Autónoma, y por una posible vulneración del derecho de propiedad..Y sin más dilación.
Por todo ello, debo recordar también, que en el complejo y preocupante contexto nacional, cualquier cesión tributaria a una Comunidad Autónoma debe producirse dentro del marco constitucional. Ya que el artículo 156 contempla los principios de la Hacienda Estatal y de solaridad entre todos los españoles, y es exclusivamente con respecto a los mismos en los que se puede desarrollar la autonomía financiera de la totalidad de las Comunidades autónomas de régimen común. Porque una desigualdad en materia fiscal, es una desigualdad económica, laboral, y empresarial. Que derivaría en Comunidades autónomas de primera y Comunidades autónomas de segunda.En la cual, Galicia queda en un escenario económico, industrial y empresarial claramente perjudicial para los intereses generales de los 2.700.000 gallegos y gallegas que aquí vivimos y trabajamos. Y lo manifesto así de claro ante las pretensiones económicas, tributarias,y fiscales, de las Comunidades Autónomas catalanas y vascas.
En conclusión, diálogo y consenso siempre por delante. Acatamiento de la Ley de vivienda, guste o no. Pero defensa de los intereses generales, siempre.Por lo que, si el diálogo no cristaliza, el gobierno de Galicia debe recurrir la Ley Estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por invadir frontalmente las competencias exclusivas de nuestra Comunidad Autónoma, y por una posible vulneración del derecho de propiedad..Y sin más dilación.
