Este Gobierno bipartito socialcomunista no aprende de sus propios errores en materia de redacción de la legislación. Y nos mete en un berenjenal jurídico una y otra vez con impredecibles consecuencias. Empiezo:
Pendiente aún de su tramitación en Congreso y Senado para su definitiva aprobación, lo que se conoce del proyecto de Ley de Vivienda estatal es que únicamente crea inseguridad jurídica, incertidumbre y mucha preocupación; aumenta considerablemente el galimatías normativo, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. ¿Qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? Y lo digo porque a día de hoy las zonas de Vigo y A Coruña entrarían de lleno en esos parámetros. Y ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? Lo pongo de manifesto porque los negativos efectos colaterales ya se pueden adelantar: subida del precio de los alquileres e incremento de precios de la vivienda nueva por la repercusión de tener que ceder el 30% de una promoción a viviendas de VPO.
Por si era poco, invadirá claramente las competencias de vivienda de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad, es decir, judicialización al canto. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías (en Galicia tenemos más de 340.000), tal como propone el Ejecutivo. Y por supuesto también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. ¿Dónde quedan las normativas claras, concretas, agrupadas y legibles?
Este Gobierno nos quiere implantar una Ley de Vivienda difícil de comprender, que sería a mi entender anticonstitucional al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución. La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en las de los Ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso que únicamente generará una total y absoluta inseguridad y preocupación en pleno año electoral. Añadir que esta Ley no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley -no esta- que proporcione seguridad jurídica urbanística. Y sí, claro que urge un parque de viviendas sociales como en el resto de Europa, y para eso están las de la Sareb y no para especular con ellas.
Pendiente aún de su tramitación en Congreso y Senado para su definitiva aprobación, lo que se conoce del proyecto de Ley de Vivienda estatal es que únicamente crea inseguridad jurídica, incertidumbre y mucha preocupación; aumenta considerablemente el galimatías normativo, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. ¿Qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? Y lo digo porque a día de hoy las zonas de Vigo y A Coruña entrarían de lleno en esos parámetros. Y ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? Lo pongo de manifesto porque los negativos efectos colaterales ya se pueden adelantar: subida del precio de los alquileres e incremento de precios de la vivienda nueva por la repercusión de tener que ceder el 30% de una promoción a viviendas de VPO.
Por si era poco, invadirá claramente las competencias de vivienda de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad, es decir, judicialización al canto. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías (en Galicia tenemos más de 340.000), tal como propone el Ejecutivo. Y por supuesto también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. ¿Dónde quedan las normativas claras, concretas, agrupadas y legibles?
Este Gobierno nos quiere implantar una Ley de Vivienda difícil de comprender, que sería a mi entender anticonstitucional al laminar el libre derecho de la propiedad privada recogido en el artículo 31 de la Constitución. La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en las de los Ayuntamientos. Así que ya veremos quién dará ese paso que únicamente generará una total y absoluta inseguridad y preocupación en pleno año electoral. Añadir que esta Ley no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Hay que sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios. Y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley -no esta- que proporcione seguridad jurídica urbanística. Y sí, claro que urge un parque de viviendas sociales como en el resto de Europa, y para eso están las de la Sareb y no para especular con ellas.
