Se están despilfarrando los fondos europeos a imagen y semejanza del conocido Plan E de Zapatero? ¿Está teniendo retorno a la sociedad española y a su tejido económico-empresarial el menguado porcentaje de fondos ejecutados? Se están reinvirtiendo en la España vaciada? ¿Se está dando un trato igualitario en su reparto a todas las CCAA? Mi primera respuesta ante las preguntas que me planteo es que la gestión de esta cantidad ingente de dinero público -que España está recibiendo como jamás en toda su historia-, es enormemente deficiente y con una falta de estrategia descomunal, a lo que podría añadir una transparencia más que cuestionada, por decirlo de una manera suave.
Y no, no tiene Galicia la responsabilidad de la gestión y ejecución de los fondos europeos. Ni tampoco las demás CCAA, ya que casi todas ellas están sufriendo la pesada losa burocrática e intervencionista de la gestión por parte de un Gobierno bipartito de España ineficiente e ineficaz. Y lo es por una incompetente ejecución de dichos fondos europeos en todos sus parámetros. Un simple ejemplo: al cierre del ejercicio del 2022 solo se ejecuto un 39,6% de los mismos en un año que era más que necesario haber cumplido el 100%.
El compromiso de la UE con nuestro país es que recibamos 140.000 millones de euros en seis años, 72.700 en transferencias directas. Pero este importe grandioso, e histórico, de dinero público y su reparto de ejecución no va bien, nada bien.
Un simple ejemplo en mi sector, el de la vivienda: en 2021se recibieron 500 millones de euros para rehabilitación residencial que, si no se comprometen antes de noviembre de este mismo año, el 2023, tendrán que devolverse. ¿Y por qué? Pues algunas de las causas son la incapacidad de las administraciones públicas, la compleja gestión y la presunta falta de transparencia que están impidiendo su adjudicación. Y sigo ahondando en las causas, para que se tome nota. Falta un modelo único para la gestión de las ayudas, se tengan las competencias transferidas o no. La incertidumbre, la situación de la economía, la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, el elevado endeudamiento público, la subida del precio de la energía o la inestabilidad de los precios de los materiales están ralentizado también las rehabilitaciones integrales y las reformas, con las consecuencias que ello supone para seguir avanzando con los objetivos en materia energética. Falta digitalización, o es deficiente su aplicación y funcionamiento, de las diferentes administraciónes. Hay un bucle administrativo laberíntico, y una burocracia elefantiásica que desanima a muchas pequeñas y medianas pymes, y ya no digo nada de las microempresas y autónomos que ven los fondos europeos como vemos la inmensa mayoría de los españoles el sorteo de la Lotería de Navidad, de meros espectadores. En definitiva, un Gobierno bipartito que sigue sin concretar cuánto de este dinero habría llegado a la economía real; que sigue sin implantar una cogobernanza eficaz y eficiente, con una operatividad del sistema de control prácticamente nula y una “expresa preocupación por la insuficiente participación de los entes locales y regionales en la elaboración de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia y su escasa influencia en la versión final”. Y esto último no lo digo yo... es la conclusión del informe emitido tras la reciente inspección de la comisión enviada a España por la UE.
Y no, no tiene Galicia la responsabilidad de la gestión y ejecución de los fondos europeos. Ni tampoco las demás CCAA, ya que casi todas ellas están sufriendo la pesada losa burocrática e intervencionista de la gestión por parte de un Gobierno bipartito de España ineficiente e ineficaz. Y lo es por una incompetente ejecución de dichos fondos europeos en todos sus parámetros. Un simple ejemplo: al cierre del ejercicio del 2022 solo se ejecuto un 39,6% de los mismos en un año que era más que necesario haber cumplido el 100%.
El compromiso de la UE con nuestro país es que recibamos 140.000 millones de euros en seis años, 72.700 en transferencias directas. Pero este importe grandioso, e histórico, de dinero público y su reparto de ejecución no va bien, nada bien.
Un simple ejemplo en mi sector, el de la vivienda: en 2021se recibieron 500 millones de euros para rehabilitación residencial que, si no se comprometen antes de noviembre de este mismo año, el 2023, tendrán que devolverse. ¿Y por qué? Pues algunas de las causas son la incapacidad de las administraciones públicas, la compleja gestión y la presunta falta de transparencia que están impidiendo su adjudicación. Y sigo ahondando en las causas, para que se tome nota. Falta un modelo único para la gestión de las ayudas, se tengan las competencias transferidas o no. La incertidumbre, la situación de la economía, la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras, el elevado endeudamiento público, la subida del precio de la energía o la inestabilidad de los precios de los materiales están ralentizado también las rehabilitaciones integrales y las reformas, con las consecuencias que ello supone para seguir avanzando con los objetivos en materia energética. Falta digitalización, o es deficiente su aplicación y funcionamiento, de las diferentes administraciónes. Hay un bucle administrativo laberíntico, y una burocracia elefantiásica que desanima a muchas pequeñas y medianas pymes, y ya no digo nada de las microempresas y autónomos que ven los fondos europeos como vemos la inmensa mayoría de los españoles el sorteo de la Lotería de Navidad, de meros espectadores. En definitiva, un Gobierno bipartito que sigue sin concretar cuánto de este dinero habría llegado a la economía real; que sigue sin implantar una cogobernanza eficaz y eficiente, con una operatividad del sistema de control prácticamente nula y una “expresa preocupación por la insuficiente participación de los entes locales y regionales en la elaboración de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia y su escasa influencia en la versión final”. Y esto último no lo digo yo... es la conclusión del informe emitido tras la reciente inspección de la comisión enviada a España por la UE.
