El Gobierno acuerda con la Xunta un canon eólico para esquivar conflictos
El objetivo común es no tener que recurrir a los tribunales de justicia
El Gobierno central y la Xunta alcanzaron un acuerdo en julio para resolver discrepancias sobre competencias en el ámbito de la energía eólica y evitar recurrir a los tribunales de justicia, según el ministerio de Política Territorial. Las dos partes acordaron interpretar el artículo 46 de la legislación gallega sobre medidas fiscales y administrativas que regula el aprovechamiento eólico en Galicia en el sentido de que en la “declaración” administrativa” se haga “constar que el proyecto cumple con todos los requisitos para la autorización a excepción del permiso de acceso y conexión” prevista en ella.
Dicho permiso “se emitirá por el órgano sustantivo a los solos efectos de que el promotor pueda conocer el estado de tramitación del expediente”, señala el ministerio en un comunicado acerca de la legislación, que establece un canon eólico y un fondo de compensación ambiental.
Ambas partes acordaron también interpretar que la citada “declaración” carece de “efectos jurídicos tanto procedimentales como sustantivos en relación con el procedimiento de autorización” de la legislación relativa a la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas.
Dicho acuerdo, junto con otro en materia de asuntos sociales entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, fueron logrados tras un “proceso de negociación”, precisa el ministerio de Política Territorial.
Añade que desde el inicio de la XIV Legislatura se alcanzaron 165 acuerdos finales totales y 15 acuerdos finales parciales que suman en conjunto 180 acuerdos finales con las comunidades autónomas para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional.
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