El juez que lleva la causa ve “desproporcionadas” las acusaciones de corrupción de los investigados
La Fiscalía de Portugal presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez Nuno Dias Costa de dejar en libertad y retirar algunos de los cargos de los cinco sospechosos detenidos en el marco de la operación Influencer, después de considerar “desproporcionadas” las reclamaciones de la acusación.
El juez cree que no hay pruebas suficientes de corrupción o prevaricación, pero sí de tráfico de influencias, único cargo que ha mantenido para estas cinco personas, entre las que se encuentran el empresario Diogo Lacerda Machado y el que fuera jefe de gabinete de António Costa, Vitor Escária.
No obstante, el magistrado considera que hay un riesgo elevado de fuga de estas personas, por lo que se les ha retirado el pasaporte y se les ha impuesto una fianza de 150.000 euros.
A los otros tres sospechosos, entre ellos el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, y dos responsables de la empresa Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, se les impusieron medidas de restricción de movimientos.
Al no haber en estos momentos acusados en prisión preventiva, la Fiscalía dispone de un plazo de 30 días para recurrir, informa la cadena pública RTP.
La petición
El Ministerio Fiscal recurrirá porque había pedido prisión preventiva para Machado y Escária, además de fianzas de 200.000 y 100.000 euros para Salema y Oliveira, respectivamente, así como la prohibición de contactos con los restantes acusados, la suspensión de su mandato, la prohibición de contactos y la prohibición de entrar en los locales de la autoridad local para Mascarenhas y una fianza de 19 millones de euros para la empresa demandada.
Crisis política
La semana pasada, el primer ministro António Costa presentó su dimisión después de que la Fiscalía le informara de que su nombre había aparecido en las escuchas que se hicieron a varios sospechosos de esta trama, si bien posteriormente tuvo que reconocer que se produjeron errores en las transcripciones de las mismas y que se trataría del ministro de Economía, António Costa Silva.
La operación Influencer investiga las irregularidades que se habrían cometido en varias concesiones de exploración de litio, un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno en Setúbal y Sines, y la construcción de un centro de datos en esta última localidad por parte de la empresa Start Campus, acusada también.
Además de los cinco detenidos hay otras tres personas acusadas de cometer irregularidades, entre ellos João Galamba, exministro de Infraestructuras, y la empresa Start Campus.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió el jueves pasado solventar esta nueva crisis política con la disolución de la Asamblea -que se espera para el 15 de diciembre- y la convocatoria de nuevas elecciones el 10 de marzo de 2024. La mayoría de las fuerzas representadas en el arco parlamentario estuvieron de acuerdo con el adelanto electoral.
