El presidente del Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, advirtió de que el debate sobre la conducta de los jueces o los tribunales al revisar las penas en base a la “ley del solo sí es sí” está generando una “alarma innecesaria” y apela al “sosiego y la prudencia”. Respecto al decreto de la Fiscalía General para intentar unificar unificar criterios en torno a esta polémica reforma legal, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, aseguró que “será cumplido naturalmente por todas las fiscalías”. No obstante afirmó que “requiere matices” de modo que es necesario “estudiar cada caso concreto, verlo y aplicarlo”.
Ambos hicieron estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la apertura de una jornada sobre ciberseguridad y fraude digital celebrada ayer en la oficina principal de la sede de Abanca en A Coruña. Díaz-Castroverde explicó que no tiene “nada que añadir o que quitar” a las manifestaciones que el Consejo General del Poder Judicial “corrigió y precisó”. Y añadió que “son los mismos jueces que dictaron las sentencias los que están teniendo que revisarlas, es de principio de legalidad de la Constitución y ya se verá el resultado final”.
Al ser cuestionado sobre si el decreto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compromete la posición de los jueces, el presidente del TSXG lo negó en cuanto a que “es de aplicación para los fiscales”. “Simplemente es una parte más del procedimiento que los jueces escucharemos de cara a revisar las sentencias”, puntualizó Díaz-Castroverde.
Del mismo modo, precisó que “no solo se trata de revisar la sentencias” sino también “de aplicar o no la nueva ley” a los recursos de apelación a las sentencias que no son firmes todavía. En cualquier caso, aseguró que la posición del Tribunal Supremo va a determinar la de los tribunales superiores. “Culmina la cúspide de la organización judicial y por lo tanto lo que diga será de aplicación para el resto de los tribunales”.
Suanzes, por su parte, añadió que la Fiscalía General “completará en el futuro con mayores precisiones” el decreto con una circular. “Nosotros seguimos estudiando caso a caso y vamos a ver lo que va pasando en cada supuesto”, aclaró.
Respecto a las cifras de peticiones de revisión de condena que se están llevando a cabo en la Comunidad, explicó que la Fiscalía General ha solicitado información al respecto “pero todavía no se ha concluido en las comunidades autónomas”. En Galicia, según concretó, “tal vez en breve” se tengan “datos reales sobre ello”. “Veremos el número total de revisiones que se han podido hacer o incluso hacer una previsión de las que pueda haber en el futuro”, avanzó.
Reproches entre Rueda y Pontón por la reforma
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición parlamentaria, Ana Pontón, se enfrentaron ayer por la ley de solo sí es sí en una tensa sesión de control en el Parlamento autonómico en la que intercambiaron duras acusaciones sobre las respectivas actitudes de cada partido ante la violencia machista. La disputa se amplió a las respectivas bancadas cuando Pontón acusó al PP de “callar” ante la primera sentencia de La Manada y de “utilizar el dolor de las víctimas para hacer campaña contra la ley”, algo que calificó de “carroñerismo político”, “indecencia e irresponsabilidad”.
Rueda replicó recriminando al BNG “fariseísmo y cobardía” por reafirmar su apoyo a esa normativa que tiene “consecuencias especialmente dramáticas” para las víctimas y concluyó que esto retrata a los nacionalistas gallegos como “inútiles, poco eficaces y cobardes para luchar contra la violencia machista”.
“La ley claro que es un avance y si hay fallos que se corrijan”, dijo Pontón, quien a reglón seguido advirtió que esto no puede servir como justificación para “volver atrás” como cree que quiere el PP, que siempre está “en contra de los derechos de las mujeres”, ha dicho, por lo que tiene una campaña contra esta ley.
El presidente gallego se remontó al Gobierno bipartito para poner en valor el presupuesto destinado actualmente por la Xunta a combatir la violencia de género que son 44,5 millones de euros, “cuatro veces más”, destacó, que los 13,8 millones que había con el Ejecutivo de PSdeG y BNG. Y en 2004, con el Gobierno de Manuel Fraga, se aprobó la primera ley de igualdad de Galicia, añadió, por lo que ha conminado a Pontón a no intentar dar “lecciones” en este sentido.
